La Secretaría de la Función Pública de Tabasco informó que 97 servidores públicos adscritos a seis ayuntamientos fueron sancionados entre enero y agosto de 2026 por faltas administrativas que van desde omisiones en declaraciones patrimoniales hasta uso indebido de recursos.
Los municipios involucrados son Centro, Cárdenas, Comalcalco, Macuspana, Huimanguillo y Paraíso. De acuerdo con el informe presentado este martes, las sanciones derivan de 134 auditorías y 89 denuncias ciudadanas recibidas a través de la plataforma “Tabasco Honesto”.
Del total de sancionados, 52 recibieron amonestaciones privadas, 28 amonestaciones públicas, 11 fueron suspendidos temporalmente sin goce de sueldo por periodos de 15 a 90 días, 5 resultaron inhabilitados para ocupar cargos públicos de uno a tres años, y uno fue destituido de su cargo en el área de Obras Públicas de Cárdenas por la autorización irregular de un contrato de 3.8 millones de pesos.
El titular de la Función Pública, Jaime Lastra Bastar, precisó que Centro concentra 34 casos, seguido de Macuspana con 18 y Comalcalco con 15. Las principales irregularidades detectadas fueron: no presentar declaración patrimonial o de intereses, 41 casos; retraso en la entrega de información a órganos de control, 22; uso de vehículos oficiales en días inhábiles, 14; y contrataciones sin cumplir la Ley de Adquisiciones, 12. También se documentaron ocho casos de nepotismo.
“Las sanciones no son persecución, son resultado de un proceso legal. La instrucción del gobernador es cero tolerancia a la corrupción, venga de donde venga”, declaró Lastra. Añadió que 19 expedientes fueron turnados a la Fiscalía Anticorrupción por posible daño patrimonial superior a 12 millones de pesos.
La dependencia destacó que, a diferencia de 2025, este año aumentaron 60% las denuncias ciudadanas, lo que atribuyen a la campaña de difusión y a la habilitación de módulos itinerantes en mercados y plazas públicas. Además, se capacitó a 1,200 funcionarios municipales en ética pública y control interno.
Alcaldes de los municipios señalados dijeron respetar las resoluciones, aunque algunos anunciaron que impugnarán. El edil de Paraíso, Alfonso Baca, sostuvo que “tres de los cinco casos ya fueron solventados” y que apelarán ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Organizaciones civiles como Observatorio Ciudadano Tabasco pidieron que las sanciones se hagan públicas con nombre y cargo para generar un efecto disuasivo real. “Mientras sean anónimas, se pierde la mitad del mensaje”, señaló su director, Manuel Fuentes.
La Secretaría adelantó que en septiembre iniciará una segunda ronda de auditorías en Jonuta, Jalpa de Méndez y Nacajuca, enfocadas en adquisiciones y obra pública. Con estas acciones, el gobierno estatal busca mejorar la posición de Tabasco en el Índice de Transparencia Municipal, donde actualmente ocupa el lugar 19 a nivel nacional.
