La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular, una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a anular una elección federal o local cuando se acredite injerencia extranjera que haya sido determinante en el resultado.
El dictamen fue avalado con 328 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRI; 122 en contra del PAN, MC y PRD, y 12 abstenciones. Pasará al Senado para su análisis. De entrar en vigor, aplicaría a partir del proceso electoral de 2027.
La reforma añade la fracción XII al artículo 41 constitucional y el artículo 78 Bis a la LGIPE. Establece que se anulará la elección de presidente, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y congresos locales si se demuestra que gobiernos, partidos, empresas o personas extranjeras aportaron recursos, difundieron propaganda ilegal, realizaron ciberataques o usaron granjas de bots para favorecer o perjudicar a un candidato, y que esas acciones fueron determinantes para el triunfo.
Para declarar la nulidad se requerirá una investigación del INE, que deberá concluir en máximo 40 días, y sentencia del TEPJF por mayoría calificada de cinco magistrados. La resolución deberá emitirse antes de la toma de posesión del cargo. Si se anula, se convocará a elección extraordinaria en 60 días y los candidatos involucrados en recibir apoyo extranjero quedarán impedidos para participar.
La diputada morenista Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Reforma Política, defendió el cambio: “La soberanía se defiende en las urnas. No podemos permitir que consultorías extranjeras, fondos de gobiernos o plataformas opacas decidan por los mexicanos”.
La oposición alertó riesgos de uso político. El panista Jorge Romero acusó que la redacción es “ambigua” y podría usarse para tirar elecciones por una publicación de un youtuber extranjero. “Abre la puerta a que el partido en el poder desconozca derrotas alegando injerencia”, dijo. Movimiento Ciudadano propuso crear un catálogo específico de conductas, pero fue rechazado.
El INE señaló en una tarjeta informativa que la reforma le da nuevas facultades de fiscalización e inteligencia cibernética, pero pidió presupuesto adicional de 380 millones de pesos para crear la Unidad Especial de Blindaje contra Injerencia Extranjera.
Especialistas del CIDE advirtieron que el concepto “determinante” será clave y deberá definirse con peritajes cuantitativos, porque de lo contrario habrá litigios en cada elección cerrada. La Coparmex pidió que se incluyan candados para evitar que la acusación se use como herramienta de presión poselectoral.
Organismos internacionales como la OEA y la ONU han documentado intentos de injerencia en América Latina mediante financiamiento oculto y desinformación. México registró en 2024 más de 12 mil cuentas apócrifas eliminadas por el INE en coordinación con Meta y X.
La reforma también sanciona con 5 a 15 años de prisión a mexicanos que soliciten o acepten apoyo extranjero. Si el Senado la avala sin cambios, será promulgada en noviembre y reglamentada en febrero de 2027.
Con esta modificación, México se suma a países como Canadá, Francia y Brasil que ya contemplan la nulidad de comicios por intervención foránea, en medio de un contexto global de guerra híbrida y polarización digital.
