PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su iniciativa de Plan B en materia electoral, con la que busca reducir el gasto público en autoridades locales y organismos electorales, aunque sin modificar el financiamiento destinado a los partidos políticos.
El proyecto surge tras no prosperar una reforma constitucional previa en la Cámara de Diputados, por lo que ahora combina cambios a la Constitución y a leyes secundarias con la intención de avanzar en el Senado.
Austeridad como eje central
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la propuesta tiene como objetivo principal aplicar medidas de austeridad en distintas áreas del sistema político.
Entre las principales acciones destacan:
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Tope de 0.70% del presupuesto estatal para los Congresos locales.
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Reducción de regidores en ayuntamientos, con un rango de siete a un máximo de 15.
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Límites salariales para funcionarios electorales, quienes no podrán ganar más que la titular del Ejecutivo.
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Eliminación de bonos, seguros y prestaciones adicionales en organismos como el Instituto Nacional Electoral.
Se estima que estos ajustes generarían ahorros cercanos a los 4 mil millones de pesos anuales, los cuales serían destinados a proyectos de infraestructura.
Financiamiento a partidos, sin cambios
Uno de los puntos más debatidos es que la iniciativa no contempla recortes al financiamiento público de los partidos políticos, que este año asciende a más de 7 mil millones de pesos.
Aunque se plantean medidas de control y rendición de cuentas, el monto asignado se mantiene intacto, lo que ha generado críticas tanto de opositores como de algunos aliados del oficialismo.
Cambios en revocación de mandato
El proyecto también propone ajustes a la revocación de mandato, permitiendo que se realice en el tercer o cuarto año de gobierno (2027 o 2028), e incluso que la persona titular del Ejecutivo pueda promover el voto durante el proceso.
Posturas encontradas
Desde Morena, el coordinador en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, defendió la iniciativa al señalar que, aunque no es tan amplia como la propuesta original, representa lo posible dentro de los acuerdos políticos.
En contraste, voces de la oposición han advertido riesgos de concentración de poder y debilitamiento institucional. Entre ellos, Marco Antonio Baños y Jesús Zambrano cuestionaron el uso potencial de la revocación con fines electorales, mientras que Federico Döring criticó la falta de medidas frente al crimen en procesos electorales.
Proceso legislativo
En el Senado, el legislador Ignacio Mier Velazco aseguró que la iniciativa seguirá el procedimiento legislativo ordinario, descartando un “fast track”. No obstante, se prevé que pueda discutirse y votarse antes del periodo vacacional de Semana Santa.
El debate sobre el Plan B se perfila como uno de los temas centrales en la agenda política, al confrontar posturas entre austeridad gubernamental y el equilibrio democrático en el país.
