Con las cortinas metálicas abajo y las prendas empeñadas resguardadas en bóvedas, la sucursal del Nacional Monte de Piedad en Ciudad del Carmen permanece cerrada desde el 1 de octubre de 2025. Sus trabajadores, junto a otros 1,890 empleados en 301 sucursales del país, cumplen siete meses de huelga mientras un Tribunal Colegiado resuelve si el paro es legal o debe levantarse de inmediato.
El conflicto estalló por la “boletinación de plazas vacantes”, mecanismo con el que la dirección buscó concursar 200 ascensos de forma automatizada. El Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad denunció que la medida violaba el Contrato Colectivo y excluyó al gremio mayoritario. Desde entonces, las negociaciones están estancadas: la institución asegura haber presentado más de cinco propuestas, incluida un aumento de 5.3%, bono por levantamiento de huelga y garantía de no recorte de personal; el sindicato las ha rechazado todas. 8a1a
En Ciudad del Carmen, los 22 trabajadores sindicalizados sobreviven sin salario. “Vendemos dulces, fruta y hacemos trabajos de plomería para llevar algo a casa”, relató Jorge Padilla, secretario de la Sección 37, quien coordina guardias de 9:00 a 14:00 horas frente al inmueble del bulevar Adolfo López Mateos. La situación refleja la crisis laboral que atraviesa la isla: despidos en el sector petrolero y caída de obra pública han dejado a cientos sin ingreso fijo.
El 20 de febrero de 2026, un juez federal declaró inexistente la huelga al considerar que el sindicato no cumplió requisitos estatutarios para convocarla. El fallo pudo terminar el conflicto, pero el gremio interpuso un recurso de revisión. El Tribunal Colegiado tiene entre tres y seis meses para resolver. Si ratifica la inexistencia, las sucursales reabrirían al día siguiente; si la revoca, la huelga continuaría y se reabrirían mesas de negociación. 8a1a
Mientras tanto, los clientes no pueden refrendar ni recuperar sus prendas, aunque la institución afirma que los plazos están suspendidos y los bienes seguros. A nivel nacional, el paro afecta 600 mil operaciones mensuales y mantiene en vilo a miles de familias que dependen del empeño para financiarse. eea08a1a
En Carmen, los trabajadores aseguran que no cederán en sus demandas contractuales. “Solo pedimos que se respeten los acuerdos y que la boletinación se eche atrás”, dijo Padilla. La espera continúa, y con ella, la incertidumbre de usuarios y empleados que suman siete meses sin ingresos ni solución.
