Claudia Romanillos es prófuga de la Justicia por un desfalco de 900 mdp en contubernio con el ex gobernador Roberto Borge, además es nuera de Eduardo Solís, «El Zar del Sascab» dueño de las empresas Agregados y Bloques del Caribe S.A. de C.V. la cual es ‘hermana’ de Agregados y Bloques del Carmen S.A. de C.V., que están sancionadas por invasión de predios, fraude y daño ambiental
PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del IPAE y prófuga de la Justicia por ser cómplice del saqueo que cometió Roberto Borge Angulo acusada por un desfalco a las arcas estatales por más de 900 millones de pesos, también habría enajenado a favor de terceros un terreno de dos hectáreas que sería para la ampliación del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, plantel Puerto Morelos.
Todo inicia el 8 de diciembre de 2006 cuando el Instituto de Fomento la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo, otorgó Orden de Ocupación a favor de la Secretaria de Educación y Cultura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo, respecto al inmueble con superficie de 39,999.754 metros cuadrados, identificado como Región 17, Manzana 36, Lote 1-02, ubicado en la localidad de Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con las medidas y colindancias siguientes norte: 195.13 metros con propiedad de INFOVIR; son 195.68 metros con propiedad de INFOVIR y calle 29, este: 212.32 metros con calle 52, y al oeste: 197.66 metros con propiedad de INFOVIR.
Después de esa orden de ocupación, mediante oficio número 167/2011, el Director General del COBAQROO solicitó al IPAE la titulación de la superficie donde se encuentran construidos las instalaciones del EMSAD Puerto Morelos (Educación Media Superior a Distancia), motivo por el cual el IPAE llevó a cabo los trabajos correspondientes, determinando que le superficie que ocupa dicho centro educativo y que forma parte del patrimonio del IPAE, cuenta con una superficie de 18,790 336 metros cuadrados, según consta en el oficio de Subdivisión con número DCM/4870/09 de fecha 08 de julio del 2009, expedido por el Director de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, el cual cuenta con lo siguiente descripción superficie de 18,790.336 metros cuadrados, identificado como Supermanzana 17, Manzana 36, Lote 1-11, ubicado en calle 52 de la Reserva Territorial del IPAE en la localidad de Puerto Morales, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con clave catastral 602 1 017 036 001 11 000, con las medidas y colindancias siguientes norte: 195.874 metros con Supermanzana 17, Manzano 36, Lote 1-12 en línea recto sur: 196.262 metros con Supermanzana 17, Manzana 36, Lote 1-12 en línea recta: este: 96.046 metros con calle 52 en línea recta y al oeste: 96.040 metros con Supermanzana 17, Manzana 36, Lote 1-12 en línea recta.
En decir, primero le otorgaron la ocupación por una superficie de 39,999.754 metros cuadrados y después el IPAE señaló que la superficie llegaba a solo 18,790 336 metros cuadrados, es decir, Claudia Romanillos Villanueva le quito al Colegio de Bachilleres de Puerto Morelos 21,209,418 metros cuadrados de lo que sería la ampliación de las instalaciones.
En la cláusulas de la donación se lee: EL DONANTE otorga a favor de EL DONATARIO, en calidad de Donación Gratuito, Puro y Simple, la propiedad plena de EL INMUEBLE con superficie de 18,790.336 metros cuadrados, identificado como Supermanzana 17, Manzana 36, Lote 1-11, ubicado en calle 52 de la Reserva Territorial del IPAE en la localidad de Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con clave catastral 602 1 017 036 001 11 000, con las medidas y colindancias siguientes, al norte: 195.874 metros con Supermanzana 17, Manzana 36, Lote 1-12 en línea recta; sur: 196.262 metros con Supermanzana 17, Manzana 36, Lote 1-12 en línea recta; este: 96.046 metres con calle 52 en línea recta y el oeste: 96.040 metres can Supermanzana 17, Manzana 36, Lote 1-12.
También se asienta que “EL DONATARIO se obligó frente EL DONANTE..
a) A custodiar EL INMUEBLE ya impedir cualquier invasión, ocupación, perturbación o daño que sus trabajadores o terceros intenten llevar a cabo sobre el mismo, siendo por su cuenta los gastos y honorarios que tuvieron que erogarse para la debida defensa DEL INMUEBLE…
b) Realizar todos los actos que resulten necesarios para mantener EL INMUEBLE con buenos condiciones y libres de todo ocupación o instalación distinta a la que se menciona en la CLÁUSULA SEGUNDA de este instrumento Legal
c) No permitir ninguna construcción o edificados distinta al destino señalado es le CLAUSULA SEGUNDA del presente Contrato
d) Hacerse cargo, desde la fecha en que tengo la posesión de EL INMUEBLE de todas las obligaciones fiscales, civiles, penales o de cualquier otra índole que se generen con motivo de lo tenencia material de EL INMUEBLE…
En caso de incumplimiento EL DONANTE proceder en más de la CLÁUSULA SEXTA / conforme a la normatividad aplicable al caso corresponda.
Y Claudia Romanillos también sentencia:
OCTAVA: EL DONANTE Y EL DONATARIO se obligan y acuerdan que no se podrá divulgar por ningún medio, ni motivo el contenido y firma del presente instrumento legal, así como las condiciones, obligaciones y demás estipulaciones aportadas en este Contrato, sin contar previamente y por escrito con la autorización de ambas partes, salvo de que se trate para trámites correspondientes tendientes el cumplimiento de lo pactado en el presente Instrumento Jurídico o sean requeridos por Autoridad Competente u Organismo Autónoma en legal ejercido de sus facultades y/o atribuciones, es como los que per disposiciones legales, reglamentarios e normativas EL DONANTE este obligado e proporcionar. En caso de incumplir con lo pactada la parte infractora pagará a la otra los daños y perjuicios, en el entendido que no se le eximirá de la responsabilidad civil y penal que resulten conforme las leyes mexicanas vigentes.
Ante tales irregularidades y de que lo estipulado en metros en la posesión otorgada y la donación regulada, el 27 de junio De 2011 en un escrito del director general del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, Arturo Fernández Martínez dirigido a Claudia Romanillos Villanueva en su calidad de Directora General del Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE) le informa:
“Por este medio me dirijo a usted respetuosamente para exponerle lo siguiente:
El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo (COBAQROO), lleva a cabo un proceso de regularización de la tenencia de la tierra de los predios que ocupan las instalaciones de sus planteles y demás centros educativos, con el propósito de darle certeza jurídica al patrimonio del COBAQROO, por tal motivo le solicito la expedición del título de propiedad del siguiente predio:
EMSAD Puerto Morelos, ubicado en la Región 17, Mz-36, Lote 01-02 de esta localidad, municipio Benito Juárez, cuya Orden de Ocupación fue expedida por el INFOVIR delegación Benito Juárez y recibida por el Prof. Eduardo Patrón Azueta, entonces Subsecretario de la SEYC de la zona norte, por una superficie de 39,999.754 m2 anexo a la presente, sin embargo al realizar los trámites ante Catastro del municipio Benito Juárez, sobre la situación que guarda dicho predio, se nos informó que es propiedad del IPAE
Para efectos del proceso de titulación anexo a la presente la siguiente documentación:
1. Copia del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, de fecha 30 de Agosto de 1980, con el Decreto 95 por el cual se crea el «Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo».
2. Copia del Periódico Oficial del Gobierno de Estado de Quintana Roo, de fecha 15 de Mayo de 2002, por el cual se modifican, adicionan y derogan diversos artículos del Decreto de Creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 3. Copia del Nombramiento del Director General del COBAQROO.
4. Copia del IFE del Director General del COBAQROO
Sin embargo, Claudia Romanillos nunca ordenó la escrituración del predio e hizo caso omiso al reclamo del faltante territorial de la posesión que que son más de dos hectáreas.
En días recientes el terreno de más dos hectáreas junto a las instalaciones del Colegio de Bachilleres, particulares empezaron a construir una barda sobre dicha extensión territorial.
Nadie sabe a quién pertenecen esas dos hectáreas pues en el Catastro Municipal no quiere revelar quién o quienes son los dueños de lo que es un patrimonio de la juventud portomorelense.
Padres de familia y autoridades escolares que acudieron a la redacción de Poder y Crítica a denunciar dicha irregularidad, reclaman y piden que las autoridades competentes les devuelvan el terreno y se castigue a los responsables de este robo.
Romanillos, a salto de mata
Como lo documentó PODER y CRÍTICA, Romanillos Villanueva está protegida por autoridades de Yucatán y por su suegro Eduardo Solís Preciat, el ‘Zar del Sascab‘ y su esposo Eduardo Solís Azarcoya, ambos denunciados por daños ambientales, fraude, invasión de terrenos y quebranto patrimonial por 900 millones de pesos.
Desde Mérida la ex titular del IPAE, sigue operando para recuperar terrenos a nombre de terceros para entregárselos a su suegro, el ‘Zar del Sascab’, esto, a pesar de que enfrenta cargos por participar en una red de lavado de dinero con la venta de terrenos públicos que involucró al ex gobernador del estado Roberto Borge Angulo.
Claudia Romanillos, en fechas recientes fue vista en una reunión de potentadas familias celebradas en una hacienda en las afueras de Mérida, Yucatán, en compañía de su esposo Eduardo Solís Azarcoya hijo de Eduardo Solís Preciat ‘El Zar del Sascab’, los tres formaron parte del entramado de es red para adjudicarse terrenos de manera ilegal, mismo que ‘legalizaban’ en el hotel Maya Caribe propiedad de Solís Preciat.
Eduardo Solis es dueño de las empresas Desarrolladora Urbana y Turística que tiene como administrador único a Carlos Argimiro Góngora González, que es a la vez apoderado de la empresa Agregados y Bloques del Caribe S.A. de C.V. la cual es ‘hermana’ de Agregados y Bloques del Carmen S.A. de C.V.
Esas empresas controladas por la familia Preciat, han contado con la protección de ex gobernadores para explotar material pétreo creando contratos apócrifos con los cuales generan actos jurídicos para obtener permisos de explotación.