Los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras rechazaron el envío de mil elementos de la Guardia Nacional a la Frontera con México, como medida anunciada por el gobernador de Texas, Rick Perry, para reforzar la seguridad, ante la oleada de niños migrantes, principalmente centroamericanos.
El gobierno de México, por medio de la embajada en Washington, envió notas diplomáticas al Departamento de Estado de Estados Unidos y al gobierno de Texas, para expresar su preocupación y desacuerdo con la medida ,
No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo temer rque los otros estados fronterizos impulsen esta medida, ya que California y Nuevo México han dicho de manera pública que no lo harán y en Arizona no hay indicios de que así vaya a ocurrir.
En entrevista telefónica, el subsecretario para América del Norte de la SRE, Sergio Alcocer, quien acompañó al canciller José Antonio Meade a una gira por California, Estados Unidos, aseguró que el envío de la Guardia Nacional no contribuye al diálogo regional para dar soluciones al tema.
“Entendemos que si bien es una prerrogativa del gobierno de Texas, no conduce a la atención integral que el problema de la migración, muy especialmente el de los menores no acompañados, requiere y merece”, aseguró Alcocer.
El funcionario además reconoció que el gobierno federal estadounidense ha adoptado los principios de buena vecindad y responsabilidad compartida que México ha impulsado. “Es bajo estos principios que México ha reiterado su preocupación por la decisión del gobierno de Texas”.
Recordó que México ha planteado la atención del fenómeno desde un punto de vista regional, con una visión de mediano plazo, que involucre el desarrollo social y económico de los países y donde se requiere la coparticipación de las naciones involucradas.
El subsecretario rechazó que el programa de Frontera Sur —impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto— se haya concretado bajo la presión de Estados Unidos y que no significa el endurecimiento de las medidas de seguridad, sino más bien el ordenamiento de los flujos migratorios.
El embajador de Honduras en México, José Mariano Castillo, aseguró que esta decisión del gobierno texano es simplemente un show oportunista de un precandidato, que sólo busca intimidar.
“Es una maniobra política del gobernador, que es precandidato, él está tratando de posicionarse, está utilizando la crisis humanitaria para beneficio político, porque la Guardia Nacional no puede hacer nada para solventar el problema, no son policías ni agentes de migración, por lo tanto, no pueden arrestar a nadie, simplemente es un show, no le doy importancia, porque una muralla o una Guardia Nacional no van a parar el problema”.
Aseguró que en el encuentro de los presidentes de Centroamérica con Barack Obama se pedirá un trato especial a los niños y que el dinero, que le autorice el Congreso estadounidense, no lo utilice simplemente para cerrar la frontera o para darle recursos a México para cerrar la frontera sur, sino para la inversión en los países, en su desarrollo económico.
El embajador de El Salvador en México, Carlos Antonio Ascencia Girón, informó que su embajada en Washington hará pública una posición al respecto y recordó que su gobierno, en voz de su presidente y su canciller, ha mencionado que la solución al tema migratorio debe abordarse desde un punto de vista humanitario y desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos.
Ayer, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una declaración para expresar su apoyo a los gobiernos de la región para que el problema se aborde de forma humanitaria. Su secretario general, José Miguel Insulza, se dijo preocupado porque algunos sectores han querido transformar el asunto en un problema de seguridad nacional.
En Washington, el Partido Republicano condicionó la aprobación de los fondos que ha pedido Obama al Congreso para atajar la crisis al envío de la Guardia Nacional a la zona y a la modificación de una ley de 2008 que dificulta la deportación inmediata de menores de países con los que no se tiene frontera.
A principios de julio, Obama pidió al Congreso fondos adicionales por valor de 3.700 millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria en la frontera.
