Ante el escándalo bancario en que se encuentra el ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la importancia de separar el poder político del económico, en un pronunciamiento que pone el acento en uno de los principios fundamentales de la vida pública y de la democracia.
“Cada uno es parte”, sostuvo al señalar que esperará a tener más información para emitir su opinión, en una postura prudente frente a un caso que aún está en desarrollo y del que se conocen pocos detalles confirmados, pero que ha generado una fuerte repercusión política en Paraguay y en la región.
El derechista Santiago Peña dimitió ayer tras el colapso bancario en ese país y un inminente juicio político en su contra, en medio de una crisis que sacudió al sistema financiero paraguayo y que puso en entredicho la relación entre el poder político y los intereses económicos.
“Pero sí parece que el hoy ex presidente estaba involucrado en este banco, y es la razón por la cual toma la decisión de dimitir”, afirmó la presidenta Sheinbaum, al referirse a los vínculos que, de acuerdo con la información difundida, tendría Peña con la entidad financiera en el centro del escándalo.
El día de ayer, el presidente paraguayo Peña anunció que dejaba la presidencia tras la intervención del banco Ueno, una entidad financiera digital con la que tuvo vínculos, que administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo cierre dejó a tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas, una cifra que dimensiona el impacto del colapso bancario en la población paraguaya.
Sin embargo, el Congreso de aquel país rechazó la dimisión y lo enjuiciará, por lo que el proceso político contra Peña continuará, a pesar de su anuncio de dejar el cargo, en un escenario que mantiene la incertidumbre sobre su futuro político y sobre las consecuencias legales del escándalo bancario.
Con su pronunciamiento, la presidenta Sheinbaum subrayó que la separación entre el poder económico y el poder político es una condición necesaria para evitar conflictos de interés y para garantizar que las decisiones de gobierno se tomen en beneficio de la población y no de intereses particulares, en un mensaje que trasciende el caso paraguayo y que se inscribe en el debate sobre la ética pública en América Latina.
