México, 02 de Octubre;poderycritica. (Notimex).- El presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Diódoro José Siller, planteó la creación de Tribunales Especializados en materia de Seguridad Social, debido a que cerca del 50 por ciento de sus expedientes “tienen que ver con este tema”, lo que impone cierta carga de trabajo a los tribunales.
Al participar en el cuarto día de Trabajos de la Semana Nacional de la Transparencia, informó que la Junta Federal implementa un programa de modernización para colocar a la Junta Federal a la vanguardia de la impartición de justicia laboral.
Al 31 de agosto, la JFCyA tiene en trámite 407 mil 175 expedientes, de los cuales 40 por ciento se encuentra en etapa de instrucción, 16 por ciento en dictamen, 49 mil 108 son amparos, 90 mil en laudo y 10 por ciento, en etapa de ejecución.
Del total de expedientes, el 31 por ciento corresponde a demandas interpuestas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 20 por ciento contra las Afores; 19 por ciento contra el sector privado y el resto contra diferentes organismos del estado: Pemex, CFE, e Infovanit.
Además, del 100 por ciento de expedientes, casi 50 por ciento corresponden a demandas que tiene que ver con la seguridad social, con riesgos de trabajos, Afores, es decir, no son juicios que tengan una litis laboral que no haya una demanda entre trabajadores y patrones por un aspecto laboral.
En este punto reiteró su propuesta a los asistentes al evento, “considero que queda en la mesa la propuesta de la Creación de Tribunales Especializados en materia de Seguridad Social, es ya muy alta la carga de trabajo que imponen estos temas para los tribunales en México”.
Lo anterior, al recordar que en el país existen 66 juntas especiales, 21 de ellas ubicadas en el Distrito Federal y el resto distribuidas en el país.
Al abundar sobre programa de modernización en la Junta Federal, indicó que éste se apega a las directrices trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), al Programa Sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Programa de Gobierno Cercano y Moderno y la Estrategia Digital Nacional, para lo cual consta de cinco subprogramas:
Sistematización y automatización de la información; consulta en línea; juicio en línea, inclusión de tecnologías digitales al principio de oralidad y el impulso de la conciliación y el Centro de Estudios para la Profesionalización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Aclaró que para el desarrollo de esos subprogramas “se están considerando las normas en materia de transparencia correspondientes que garanticen la protección de la información y de datos personales de las partes”.
“Con estas acciones queremos colocar a la Junta Federal a la vanguardia de la impartición de justicia laboral”, añadió el funcionario federal.
Siller Arguello dijo que el objetivo es consolidar la protección de datos personales como un derecho público, subjetivo, autónomo, con principios, fines y alcances propios que exigen un tratamiento y regulación especializado en beneficio de la esfera de derechos de todos los gobernados y la vida democrática de México.
Durante su exposición, resaltó que al 31 de agosto, la Unidad de Enlace de la JGCyA, recibió 459 solicitudes de acceso a la información pública, esto es, .1 por ciento del total de asuntos recibidos durante el mismo periodo.
Del total, 420 han sido tramitadas en su integridad, de las cuales solo 19 fueron impugnadas, lo que representa 95.4 por ciento de los ciudadanos que acudieron a la Unidad tuvieron un acceso satisfactorio.
En el Panel 13 “La protección de Datos personales en el Ámbito Laboral”, dijo que la información que más solicitan los ciudadanos es la relativa a asuntos individuales, con 160, sobre asuntos colectivos, 81, lo que constituye el 52 por ciento de la totalidad.
Además, el 21 por ciento son de carácter administrativo, al ciudadano le interesa conocer la plantilla de los trabajadores que integran la Junta, remuneraciones que perciben sus funcionarios, perfiles de puestos, entre otros.
Un 20 por ciento de solicitudes se canaliza a otras dependencias, dado que no corresponde a la competencia de la Junta y el siete por ciento son temas de carácter estadísticos.
