PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | En el escenario político campechano, las decisiones del pasado parecen regresar cuando las circunstancias cambian. Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien en 2016 celebró la eliminación del fuero constitucional en Campeche bajo el argumento de terminar con los privilegios del poder, hoy se encuentra en el centro de una estrategia política que apunta a restablecer ese mismo mecanismo de protección.
A casi una década de aquella reforma, el actual dirigente nacional del PRI enfrenta señalamientos y procesos que han modificado su discurso. De acuerdo con versiones que circulan en el ámbito legislativo, operadores cercanos a Moreno estarían impulsando acciones tanto en el Congreso local como en la Cámara de Diputados federal para frenar avances judiciales y mantener el caso en el terreno político.
La estrategia, según estas lecturas, se apoya en legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano, así como en figuras clave del Congreso de Campeche, que buscan reactivar el debate legislativo y prolongar la definición del proceso de desafuero, actualmente aplazado hasta 2026 a nivel federal.
Del impulso reformista al repliegue político
El contexto resulta contrastante para el propio Moreno. Durante su mandato como gobernador (2015–2019), promovió la eliminación del fuero bajo la premisa de que ningún funcionario debía estar por encima de la ley. Sin embargo, tras dejar el gobierno estatal y asumir la dirigencia nacional del PRI en 2021, comenzaron a acumularse investigaciones y señalamientos por presunto desvío de recursos y enriquecimiento ilícito relacionados con su administración.
Entre 2021 y 2022, la difusión de audios y expedientes que apuntan a posibles irregularidades financieras marcó un punto de quiebre. El discurso de combate a la corrupción dio paso a acusaciones de persecución política, mientras la Fiscalía avanzaba en los primeros procedimientos legales.
El 16 de agosto de 2022 se presentó la solicitud formal de desafuero. Desde entonces, el proceso ha transitado entre suspensiones, recursos legales y postergaciones legislativas, sin que el fondo del caso llegue a discutirse plenamente.
Mientras los tiempos políticos se estiran, el debate sobre la restitución del fuero vuelve a colocarse sobre la mesa, no como una reforma institucional, sino como una herramienta de supervivencia política en medio de un escenario judicial aún sin resolver.
