12 Septiembre; poderycritica. (Notimex).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió hoy al gobierno español a actuar con celeridad y dar cuentas sobre el destino de miles de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
“La urgencia y celeridad son esenciales dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura”, de Franco, indicó en un reporte.
El nuevo informe fue presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones Forzadas, Ariel Dulitzky, luego de su misión a España en 2013.
En todos los sitios visitados, el Grupo de Trabajo se reunió con centenares de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y en la época del franquismo.
“Prácticamente todos manifestaron una profunda frustración frente a los obstáculos administrativos y las dificultades para acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos”, citó el documento.
En el plano legal el Grupo de Trabajo de la ONU llamó al gobierno de España a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, a incorporar la desaparición forzada como un delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en la Declaración y sea punible con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.
El grupo de la ONU invitó al gobierno español a adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que los casos de desaparición forzada solo puedan ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes.
«Con exclusión de toda otra jurisdicción especial, en particular la militar”, subrayó.
Los expertos recomendaron crear una entidad estatal con pleno apoyo institucional, la cual «debe estar particularmente dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros, encargada de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas”.
«Incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones”, dijeron.
Plantearon que el gobierno español debe garantizar que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de «todos los casos» que hayan sido denunciados de los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad.
La ONU instó al Estado español a investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, «de manera exhaustiva e imparcial», sin importar el tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas.
Solicitó a España a que, «en un plazo de 90 días» presente un cronograma en el que se indique las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
Ese cronograma debe incluir “las fechas previstas para aplicar cada una de estas medidas y las fechas en las que se tenga previsto concluir con el cumplimiento a las recomendaciones”.
