La Secretaría de Gobernación descartó incorporar el término “madres buscadoras” en el proyecto de reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al argumentar que la figura jurídica “no corresponde a la naturaleza del mecanismo” y que su atención requiere un marco específico.
La decisión se comunicó el miércoles 7 de mayo durante la mesa de trabajo con colectivos, horas antes de que el dictamen se vote en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El subsecretario Alejandro Encinas explicó que la ley vigente protege a quienes promueven o defienden derechos humanos, mientras que las madres buscadoras “realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, lo cual está regulado por la Ley General en la materia y por la Comisión Nacional de Búsqueda”.
Colectivos como Unidas por Nuestros Desaparecidos y Hasta Encontrarte rechazaron el argumento. “Nosotras defendemos el derecho a la verdad y a la justicia. Recibimos amenazas, nos desplazan y nos matan. Somos defensoras”, declaró Delia Quiroa, vocera en Tamaulipas. Desde 2018, la organización Artículo 19 documentó 24 asesinatos de mujeres buscadoras y 112 agresiones, la mayoría sin acceso al Mecanismo de Protección federal.
La propuesta de incluir el término fue impulsada por la diputada morenista Irma Juan Carlos en abril, tras el asesinato de Lorenza Cano en Salamanca. El texto planteaba reconocer a las buscadoras como “personas defensoras en situación de riesgo extraordinario” y garantizarles medidas urgentes, escoltas y fondos para gastos de búsqueda.
Segob ofreció en cambio crear un “Protocolo Especial de Atención” dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda, con apoyo de la Guardia Nacional y recursos del Fondo de Ayuda. Los colectivos lo calificaron como “simulación”, pues no otorga estatus jurídico ni obliga a fiscalías a reconocerlas como víctimas indirectas.
El dictamen que se votará el 12 de mayo mantiene ampliaciones al catálogo de agresiones, incorpora la violencia digital y eleva penas a servidores públicos que obstaculicen la protección. No menciona a las buscadoras.
Organizaciones internacionales como Amnistía y la ONU-DH llamaron al Congreso a “no dejar fuera a quienes hoy sostienen la búsqueda en campo”. En México hay más de 114 mil personas desaparecidas y 220 colectivos de búsqueda activos, integrados en 90% por mujeres.
