Xalapa, Ver. El primer cuadro de la capital veracruzana amaneció sitiado. Decenas de ex elementos de la desaparecida Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla (PIPTC) bloquearon desde las 8:00 horas las calles Juan de la Luz Enríquez e Ignacio Zaragoza, frente al Palacio de Gobierno y la Torre de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para reclamar el pago de liquidaciones pendientes desde 2015. Con lonas, altavoces y el reclamo de que “ya se murieron 45 compañeros sin cobrar”, los manifestantes advirtieron que no liberarán las vialidades hasta obtener una solución definitiva.
La protesta, encabezada por el abogado Ader Óscar Juárez Téllez, representante legal de 180 ex trabajadores, reactivó un conflicto que lleva más de nueve años sin resolverse y que exhibe presuntas irregularidades cometidas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Según los inconformes, el 1 de junio de 2015 fueron despedidos injustificadamente cerca de 600 hombres y mujeres que laboraban en áreas operativas, administrativas, cocina, enfermería y comunicación de la PIPTC, tras 10 y hasta 20 años de servicio.
Cheques emitidos, pero no cobrados por los titulares
El punto medular del reclamo es que la administración estatal sí emitió los cheques de liquidación en 2015, pero los ex policías aseguran que nunca los recibieron. “No los cobraron los policías, los cobró Ulises Rodríguez Landa”, afirmó Juárez Téllez, al señalar al actual jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, quien en aquel entonces también laboraba en la dependencia. Los afectados presentaron en octubre de 2019 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por falsificación de firmas y cobro indebido.
La carpeta 808/2019, sin embargo, lleva años sin avances. Dos años después de interpuesta, la Fiscalía Anticorrupción se declaró incompetente y turnó el expediente a la Fiscalía de Poza Rica. A la fecha, aunque existen 55 dictámenes periciales que confirmarían la falsificación de documentos, el proceso sigue estancado. “Las fiscalías tienen retenidos tanto los dictámenes como el proceso porque ya se consumaron 55 a favor pero los demás están parados”, denunció el abogado.
Seis años de mesas sin resultados
Los ex policías relataron que el miércoles pasado acudieron a Xalapa para una audiencia programada en la SSP y en Palacio de Gobierno, con la esperanza de firmar una minuta que ordenara el pago unipersonal a cada trabajador. “Tenemos dos audiencias, una a las 9 y otra a las 12, nos respalda una minuta firmada por funcionarios de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública”, explicó Juárez Téllez antes del bloqueo. Al no obtener respuesta, decidieron cerrar las calles Enríquez y Zaragoza como medida de presión.
No es la primera vez. El 13 de febrero de 2025 ya habían bloqueado los mismos puntos tras otra reunión fallida. En aquella ocasión señalaron que la deuda asciende a más de 500 mil pesos por cabeza y que el 70% de los afectados son adultos mayores. Hoy la cifra que exigen supera los 100 millones de pesos en total.
“Ya murieron 45 esperando justicia”
El rostro más crudo del conflicto lo representan las viudas y familiares que portan fotografías de los ex elementos fallecidos. De los 180 representados por Juárez Téllez, al menos 40 han muerto en los últimos nueve años sin recibir su liquidación. Otros conteos de los propios manifestantes elevan la cifra a 45. Muchos tenían más de 80 años y enfermedades crónicas. “Se les violaron sus derechos y han tenido que hacer de todo para sobrevivir”, lamentó el abogado.
Las mujeres que hoy bloquean Enríquez recordaron que la gobernadora Rocío Nahle prometió apoyar a las mujeres veracruzanas. “Ahora es el momento de que lo haga”, gritaron frente a Palacio de Gobierno. También han solicitado audiencia con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, sin éxito.
El colapso vial y la postura oficial
El cierre simultáneo de Enríquez y Zaragoza generó un caos vial en el primer cuadro de Xalapa desde temprana hora. Automovilistas y rutas de transporte público fueron desviados hacia calles aledañas, mientras elementos de Tránsito del Estado intentaban agilizar la circulación sin confrontar a los manifestantes.
Hasta el cierre de esta edición, ni la SSP ni la Secretaría de Gobierno habían emitido un posicionamiento oficial. La última declaración documentada de funcionarios fue que el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado. Los ex policías, sin embargo, exigen una solución extrajudicial mediante mediación. “Ya no queremos proceso judicial; buscamos que sea extrajudicial”, insistió Juárez Téllez.
Un patrón de protestas por pagos
El bloqueo de ex policías no es aislado. En los últimos meses, el centro de Xalapa ha sido escenario de protestas similares por adeudos: jubilados burócratas bloquearon Enríquez el 30 de abril para exigir su pensión de abril; integrantes del magisterio tomaron la Plaza Lerdo dos días para reclamar seguros de vida institucionales adeudados desde 2010; y beneficiarios del Seguro de Vida Institucional instalaron carpas en mayo tras el incumplimiento de una minuta firmada con Gobierno del Estado.
En todos los casos, el común denominador es el mismo: minutas firmadas, reuniones sin resultados y la calle como último recurso para ser escuchados.
¿Qué sigue?
Los ex elementos de la PIPTC advirtieron que mantendrán el plantón “hasta que Rocío Nahle se apersone y vea por los ciudadanos veracruzanos que están siendo vulnerados”. También pidieron que se dé seguimiento a la denuncia 808/2019 y que se sancione a los ex funcionarios que presuntamente cobraron los cheques con firmas falsas.
Mientras tanto, comerciantes del centro reportan afectaciones en sus ventas y ciudadanos exigen a Tránsito rutas alternas. La exigencia de los ex policías es clara: 10 años después del despido, quieren cobrar lo que por ley les corresponde antes de que la lista de compañeros fallecidos siga creciendo. En Xalapa, hoy, los uniformes ya no están en patrullas, sino en el pavimento, esperando justicia.
