El Gobierno de Veracruz separó de sus funciones a 14 trabajadores adscritos a las oficinas de Hacienda del Estado en Perote y Coatzacoalcos, tras detectar una presunta red de corrupción que cobraba “moches” para agilizar trámites de placas, licencias y pagos de tenencia, confirmó este lunes la Contraloría General del Estado.
La investigación inició en marzo luego de 38 denuncias ciudadanas presentadas ante el Órgano Interno de Control y videos difundidos en redes sociales donde se observaba a empleados recibir dinero en efectivo fuera de las cajas oficiales. Los servidores públicos, ocho de Coatzacoalcos y seis de Perote, fueron notificados el viernes y ya no se presentaron a laborar. Sus expedientes se turnaron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El contralor Miguel Ángel Olivares detalló que el esquema operaba desde 2024. Los involucrados pedían entre 500 y 3,500 pesos para “brincar la fila”, condonar multas inexistentes o entregar placas sin documentos completos. El daño estimado al erario supera 1.2 millones de pesos por ingresos no reportados. En Perote se detectó además la emisión de 47 licencias permanentes con domicilios falsos de Puebla y Tlaxcala.
Como parte del operativo, la Secretaría de Finanzas y Planeación intervino ambas oficinas. Desde este lunes, personal de Xalapa asumió la atención con terminales bancarias y cámaras de vigilancia conectadas al C4. Se colocaron carteles con la leyenda “Ningún trámite requiere pago en efectivo a personas” y se habilitó el número 800-260-7860 para denunciar cobros irregulares.
La gobernadora Rocío Nahle aseguró que no habrá tolerancia: “Quien lucre con el servicio público se va. Estamos limpiando la casa”. Añadió que los contribuyentes afectados podrán reponer su trámite sin costo al presentar comprobante o testimonio.
El Colegio de Contadores de Coatzacoalcos pidió que la auditoría se extienda a Minatitlán y Acayucan, donde usuarios reportan prácticas similares. La Contraloría informó que ya revisa 11 oficinas más y que en junio lanzará un sistema de citas 100% digital para eliminar el contacto directo en ventanilla.
Los 14 separados enfrentarán procedimiento administrativo y, de acreditarse delitos, podrían alcanzar hasta nueve años de prisión por cohecho y ejercicio ilícito del servicio público. La Fiscalía Anticorrupción tiene 72 horas para determinar si solicita vinculación a proceso.
