El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, reveló que las irregularidades en la adjudicación de contratos al interior del órgano electoral provienen de administraciones pasadas, identificando a cinco empresas vinculadas con exservidores públicos que han obtenido contratos por un monto acumulado de 2 mil 461 millones de pesos desde el año 2014 hasta 2025.
Al comparecer ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el contralor expuso el panorama de las investigaciones en curso, precisando que las conductas detectadas alcanzan no solo al órgano central, sino a Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 20 entidades del país.
Empresas señaladas y montos adjudicados
De acuerdo con lo expuesto por la contraloría interna, los proveedores contratados para la venta de materiales e insumos electorales se encuentran ligados a representantes legales y socios cercanos a mandos del instituto:
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Cajas Graft: 1,072 millones de pesos.
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Formas Finas y Materiales: 815 millones 961 mil pesos.
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Corporativo Zeg: 278 millones 717 mil pesos.
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Comerciadora JVLY: 208 millones 396 mil pesos.
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Seriplast de México: 85 millones 123 mil pesos.
«Estas cinco empresas han obtenido contratos por dos mil 461 millones de pesos… vemos que no es solo un tema del INE, sino de todos los órganos electorales; no es un tema de esta gestión, sino de anteriores», enfatizó Carvente Contreras durante su comparecencia.
Investigaciones sobre la administración actual y debido proceso
Respecto a las indagatorias por presuntas irregularidades en contrataciones recientes bajo la presidencia de Guadalupe Taddei, el titular del OIC precisó que se mantienen abiertos 18 expedientes:
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Estatus procesal: De las 18 carpetas, 13 se encuentran en etapa de investigación preliminar y 5 en procedimiento formal de responsabilidades, en las cuales ya se emitieron las citaciones para audiencia inicial y se formalizaron las imputaciones administrativas.
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Imputaciones: En los cinco casos en fase de responsabilidad se identificaron probables conductas de actuación bajo conflicto de interés y ocultamiento de conflicto de interés por parte de servidores públicos.
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Resguardo de datos: El contralor subrayó que, al tratarse de indagatorias en etapa de maduración y por apego al debido proceso, la identidad de las personas físicas e implicados se mantendrá en reserva hasta la emisión de resoluciones definitivas.
