PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Senadora Anahí González impulsa una de las reformas hídricas más profundas en décadas: la expedición de la Ley General de Aguas, con la que se busca desmontar el modelo de mercado instaurado en 1992 y devolver al agua su carácter de bien de la Nación y derecho social, tal como lo ordena el mandato constitucional pendiente desde 2012. La propuesta aprobada la tarde de ayer en el Senado, garantizará acceso, disposición mínima indispensable y saneamiento para todos los hogares mexicanos, prohibiendo la suspensión total del servicio por falta de pago y reconociendo plenamente la gestión comunitaria, que hoy sostiene a más de 70 mil comités en el país.
La iniciativa que generó debate nacional ante la modificación de la Ley de Aguas Nacionales y su régimen de concesiones, plantea, en el nuevo modelo, eliminar la libre transmisión de derechos entre particulares —considerado durante años un mercado negro tolerado— para reemplazarlo por un mecanismo de reasignación expedita, principalmente en casos de herencia o compraventa de tierras, garantizando que el volumen y uso del agua se mantengan íntegros. Además, crea un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales que almacenará volúmenes recuperados y los reasignará bajo criterios de prioridad social: primero al consumo humano, luego a la seguridad alimentaria.
Desde el Senado, la fundadora de Morena en Quintana Roo, Anahí González, ha enfatizado que esta reforma forma parte de la Revolución del Bienestar: una transformación que busca corregir distorsiones históricas y poner fin a prácticas de especulación y corrupción que han afectado a comunidades enteras. Por ello, el nuevo régimen sancionatorio endurece las penas contra el “huachicoleo” del agua y la corrupción en el otorgamiento de concesiones, al tiempo que protege a productores primarios, sistemas comunitarios y familias rurales de cualquier criminalización.
La minuta avanzó con ajustes que buscan dar certeza jurídica al campo, la industria y los usuarios domésticos. La implementación será gradual, con plazos de 180 días para que la autoridad actualice sistemas y lineamientos, evitando parálisis administrativa. Para la senadora Anahí González, la reforma no solo atiende una deuda legal de más de una década: coloca al país en una ruta de justicia hídrica y sostenibilidad frente a una realidad marcada por sequías, desigualdad y décadas de abuso en la gestión del agua.
