La renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple este martes su primer año tras la reforma judicial, con 163 sesiones públicas y más de 2 mil 600 asuntos resueltos, en un periodo marcado por giro hacia derechos indígenas, desahogo de litigios fiscales multimillonarios y aval a reformas de López Obrador y Sheinbaum, aunque con fallos contrarios.
En sus primeros meses destrabó expedientes rezagados, entre ellos los de empresas de Ricardo Salinas Pliego, a las que confirmó créditos fiscales por más de 48 mil 326 millones de pesos. También fijó criterios sobre lavado de dinero, abuso sexual infantil, factureras, violencia vicaria y acceso al agua, pero mantiene pendientes como la prisión preventiva oficiosa.
Su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, calificó de «sumamente positivo» el desempeño de la «nueva Corte», aunque reconoció que el reto es extender visión al resto del Poder Judicial donde persisten rezagos. «Esto de volver a cerrar las puertas de la Corte, cerrar los cubículos de los ministros y pensar que sin diálogo va a ser iluminado el ministro para encontrar las mejores soluciones, se acabó. Eso se queda en el pasado», dijo a La Jornada.
Aguilar recordó que heredaron más de mil 400 asuntos rezagados, algunos con hasta seis años en archivo, y a principios de agosto quedaban sólo 56. Sobre prisión preventiva oficiosa: «Sí, yo espero que lo saquemos en este año».
Entre fallos, reconoció a pueblos indígenas y afromexicanos como terceros interesados en controversias que afecten sus derechos. Desde septiembre resolvió 56 asuntos relacionados, sobre consulta, materia agraria y ambiente. En género, estableció que niñas y niños víctimas de abuso sexual no pueden ser obligados a revivir daño con nuevas declaraciones, y avaló pensión compensatoria en concubinato LGBTQ+.
