México, 21 Ago. @Notimex #poderycritica.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró de manera precautoria 213 ejemplares de aves catalogadas en peligro de extinción y que iban a ser comercializadas en Jalisco.
En un comunicado detalló que en el municipio de Tlajomulco, luego de recibir una denuncia ciudadana, se procedió con el aseguramiento de 202 pericos atoleros (Aratinga canicularis) y un loro montañés (Amazona finschi).
Explicó que al llegar al lugar que se utilizaba como centro de acopio y almacenamiento, los inspectores encontraron varias jaulas con las aves en condiciones de hacinamiento y mal estado físico además de tres pericos atoleros ya muertos.
Durante la inspección, el dueño del lugar no presentó la documentación oficial que acreditara la legal procedencia de las aves, por lo que fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal (MPF).
Por otra parte, en el municipio de Zacoalco de Torres la Profepa aseguró 10 ejemplares de aves en peligro de extinción que pretendían ser vendidas por dos personas, las cuales fueron puestas a disposición del MPF.
Lo anterior, se derivó de un reporte ciudadano en el cual se denunciaba a personas comercializando aves protegidas en el cruce de las vías del tren de la carretera Guadalajara–Zacoalco de Torres.
Al arribar al lugar, los inspectores de la Profepa, con apoyo de la Policía Municipal del lugar, encontraron a las dos personas vendiendo ejemplares de vida silvestre, algunos enlistados en alguna categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Debido a que los vendedores no presentaron la documentación con la cual acreditaran la legal posesión y comercialización de las aves, se procedió al aseguramiento precautorio de las mismas.
Entre las 10 aves que se aseguraron se encontraban cuatro Agapornis (Agapornis personatta), tres Pericos atoleros (Aratinga canicularis), dos Loros montañés (Amazona finschi) y una Catita (Miopsita monachus).
El Código Penal Federal señala que el acopio y comercio de fauna silvestre en riesgo de extinción se considera como un delito grave, por lo que se podría imponer una sanción de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a tres mil días multa.
