Tamaulipas, 23 Diciembre; poderycritica.- La entrega de personas al crimen organizado por parte de policías, como pasó con los normalistas de Ayotzinapa, también ocurrió en el caso de decenas de víctimas masacradas en San Fernando Tamaulipas, entre éstas 72 migrantes encontrados muertos en agosto de 2010, según datos de la PGR.
Por lo menos 17 agentes de este municipio secuestraron a los indocumentados y después los entregaron a Los Zetas para su asesinato, reveló la dependencia en una tarjeta informativa desclasificada por el IFAI a petición de National Security Archive, instancia estadunidense especializada en acceso a la información pública.
Además de los 72 centroamericanos y sudamericanos ejecutados, se contabilizaron otros 122 pasajeros de autobuses que también fueron levantados y cuyos restos aparecieron después en fosas clandestinas.
La información se basa en diversos testimonios de testigos y delincuentes detenidos… “Con base en las declaraciones de los inculpados, refieren participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber de observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa organización criminal”, se describe en la tarjeta emitida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En total, 194 personas fueron ejecutadas durante su paso por San Fernando.
El Ministerio Público Federal giró órdenes de presentación y localización contra los 17 elementos policiacos involucrados, la cual fue cumplimentada por la Policía Federal desde el 3 de abril de 2011.
Aunque la mayoría de los arrestados negaron los hechos, uno terminó por confesar. Su nombre: Álvaro Alba Terrazas, conocido como El Junior, quien admitió la complicidad de efectivos de la Dirección de Seguridad Pública y de Tránsito de San Fernando con la célula de Los Zetas que operaba en la región.
“Sé que los policías de San Fernando ayudan a Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al Pentágono, es decir a la cárcel municipal, se la entregan al grupo criminal”, refirió Alba, y señaló de manera directa a uno de los agentes más veteranos de la corporación: Óscar Jaramillo, el encargado de recibir la narconómina para repartirla entre sus compañeros uniformados.
El 20 de mayo del 2011, la PGR ejerció acción penal contra 72 presuntos zetas, entre estos los 17 policías municipales, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Un mes después un juez federal dictó auto de formal prisión contra todos los implicados, en un proceso que continúa abierto.
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