A dos años del fallido operativo en el penal de Kobén, el conflicto policial resurge con denuncias de bajas injustificadas y falta de equipo básico.
Lo que comenzó como una protesta por la falta de garantías de seguridad en marzo de 2024, se ha convertido hoy en una herida abierta para la administración de Layda Sansores. Este lunes, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) realizaron un pronunciamiento donde acusan que, lejos de resolverse sus demandas, la persecución administrativa se ha intensificado.
Los puntos clave de la jornada:
• Bajas y Amparos: Los agentes denunciaron que en los últimos días se han notificado nuevas bajas definitivas contra elementos que participaron en las movilizaciones pasadas. Los policías aseguran que se trata de una «venganza política» y anunciaron que buscarán amparos federales para proteger sus plazas.
• Crisis de Equipamiento: Los elementos operativos señalaron que patrullan la capital y los municipios con unidades en mal estado y chalecos antibalas caducados. «Nos exigen resultados contra el crimen organizado, pero nos mandan a la calle con lo mínimo», declaró uno de los voceros del movimiento.
• El Silencio de Marcela Muñoz: La permanencia de la titular de seguridad, Marcela Muñoz Martínez, sigue siendo el eje del conflicto. A pesar de los constantes llamados de la oposición y de sectores civiles para su remoción, la Gobernadora ha ratificado su confianza en ella, lo que mantiene el diálogo roto con una parte importante de la fuerza policial.
¿Por qué es importante?
Este conflicto ocurre mientras el estado enfrenta un repunte en delitos de alto impacto, como ejecuciones en Ciudad del Carmen y robos con violencia en la capital. La falta de una policía unificada y motivada pone en riesgo la efectividad de los operativos de seguridad en un año donde la vigilancia será clave por el flujo de turistas que genera el Tren Maya.
