El Instituto Nacional Electoral llega a 2026 con la misma enfermedad de los últimos 12 años: una nómina sobredimensionada que se come tres cuartas partes de su presupuesto.
De acuerdo con el anteproyecto de presupuesto 2026 que el Consejo General aprobó para enviar a la Cámara de Diputados, el INE pidió 25,896 millones de pesos en total. De esa bolsa, 7,737 millones son intocables porque van a los seis partidos políticos. Del resto, el gasto operativo base es de 12,452 millones, y de ahí 9,311 millones -74.7%- se van solo a servicios personales, capítulo 1000.
Es decir, de cada 4 pesos que el INE gasta para operar, 3 son para pagar sueldos.
El INE mantiene 16,208 plazas presupuestales y 1,432 de honorarios permanentes con prestaciones, más el personal eventual. Y no es barato: 48 funcionarios, incluida la consejera presidenta Guadalupe Taddei, ganan entre 229 y 258 mil pesos brutos mensuales, más prestaciones que elevan la percepción hasta 366 mil pesos, 36% más que la presidenta Claudia Sheinbaum, que gana 191,846 pesos.
Para sostener liquidaciones tiene un fideicomiso de 595 millones de pesos.
Aunque la reforma electoral del 23 de abril ordena que nadie gane más que la Presidenta y elimina el seguro de gastos médicos mayores, el INE avaló posponer el ajuste hasta 2027. Argumenta que el Manual de Remuneraciones 2026 ya estaba aprobado y no puede revocarse.
Un análisis de su propia Dirección de Administración calcula que bajar el tope salarial de consejeros a 190,392 pesos impactaría a 277 plazas -de consejeros a subdirectores- y generaría un ahorro de solo 94.1 millones. Pero si se eliminan prestaciones de 262 mandos, el ahorro subiría a 375.9 millones anuales.
Mientras, el Órgano de Administración Judicial ya recortó 10% de su nómina. El INE no.
