La expansión porcícola en Yucatán llegó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, tras visita oficial a México del 9 al 20 de marzo de 2026, advirtió sobre una crisis socioambiental por más de 500 granjas porcícolas en la entidad, muchas instaladas sin autorización ambiental y sin consulta a comunidades mayas.
En su informe, Orellana señala que varias fábricas concentran de 50 mil hasta 100 mil cerdos y generan volúmenes masivos de excretas y aguas residuales con hormonas y antibióticos. Por el suelo kárstico yucateco, los contaminantes se filtran rápido al acuífero.
El punto más crítico es el Anillo de Cenotes, sitio protegido por la Convención Ramsar, donde reportó descargas en zonas de recarga del manto acuífero. El relator usa el término «zonas de sacrificio» para territorios donde la contaminación industrial provoca cáncer, abortos espontáneos y enfermedades crónicas por falla del Estado en proteger derechos.
El documento recomienda al Gobierno de México declarar emergencia socioambiental, suspender granjas sin permisos, reforzar supervisión bajo estándares internacionales, crear un plan de justicia socioambiental para el pueblo maya, garantizar participación indígena y poner en marcha monitoreo epidemiológico.
Colectivos mayas y organizaciones como Utsil Kuxtal respaldaron el llamado, mientras porcicultores de Mérida sostienen que la actividad genera 12% de la carne de cerdo nacional y más de 30 mil empleos y que han invertido en tratamiento de aguas en más de 40 unidades.
