11 Septiemmbre; poderycritica. (Notimex).- El Gobierno de la República anunció la creación de un fideicomiso de dos mil millones de pesos, financiado por Grupo México, para reparar los daños ambientales y materiales causados por el derrame 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en ríos del estado de Sonora.
El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, y el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, señalaron que las empresas subsidiarias de Grupo México se han obligado ante el gobierno federal a reparar en su totalidad la afectación ambiental, así como todos los daños materiales a las personas involucradas.
Guerrar Abud explicó en conferencia de prensa que las empresas Buena Vista del Cobre y Operadora de Mina e Instalaciones Mineras, subsidiarias de Grupo México, “se han obligado ante el gobierno de la República a reparar totalmente el daño ambiental y a reparar los daños materiales a las personas por este derrame”.
Dijo que para ello se creará un fideicomiso de dos mil millones de pesos, en ministraciones de 500 millones, y que en caso de que el monto total sea insuficiente, “las empresas aportarán la cantidad adicional que un Comité Técnico determine”.
Durante la conferencia en la que participaron también el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, se informó que el fideicomiso será de formación inmediata, ya que se consideró que el acuerdo es la forma más rápida de actuar para la reparación de los daños.
En este sentido, Humberto Castillejos explicó que de acuerdo con la Ley de Protección al Ambiente, la empresa está obligada a cumplir con la reparación del daño, por lo que alcanzar un acuerdo es la vía más efectiva, ya que mediante un juicio los plazos serían más largos.
“La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece que cualquiera que cause un daño ambiental debe repararlo, y de no ser posible compensarlo económicamente, sin duda alguna existen los procedimientos administrativos y judiciales para llegar a este objetivo. Ante el sometimiento a la ley, la empresa se obligó ante el gobierno federal a anticipar esta consecuencia jurídica”, destacó.
En el Comité Técnico del fideicomiso, que será presidido por el gobierno de la República, participarán expertos de reconocido prestigio en materia ambiental y cumplirán con mecanismos transparentes con el programa de remediación aprobado.
Asimismo, se dio a conocer que el Comité evaluará las reclamaciones de personas que hayan sufrido daños en su patrimonio o actividad productiva, incluidos los referentes a la calidad del agua, situaciones de salud, así como de flora y fauna.
Guerra Abud aclaró que la contribución del fidecomiso es independiente de las sanciones económicas a las que la empresa se sujetaría conforme a derecho, así como de otros procedimientos en materia ambiental.
De acuerdo con los funcionarios federales, no hay tiempo definido ni monto estimado en cuanto al tema de la sanción económica a la que se sujetaría la empresa, aunque es un procedimiento que continuará su rumbo, ya que en este caso se privilegia la atención inmediata a la población afectada y al medio ambiente.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, indicó al respecto que el principal objetivo del gobierno federal es que la empresa repare al ciento por ciento los daños ocasionados, y que para ello se creó un fideicomiso de dos mil millones de pesos, con recursos pertenecientes únicamente a la empresa.
“La Ley Minera, en su artículo 43, establece claramente los procedimientos para una sanción, en primera estancia temporal y después definitiva; en este sentido queda claramente establecido que las diferentes áreas intergubernamentales de consideración y cuantificación de daños están haciendo sus procedimientos conducentes”, externó.
Reiteró que el gobierno “está privilegiando la reparación y remediación”, y en ello también se incluye las actividades productivas.
Resaltó que con esto se logra aplicar la ley y al mismo tiempo garantizar la operación sustentable de una inversión que genera empleos.
Aclaró que la inversión en México es bienvenida “siempre y cuando cumpla con el marco legal de sustentabilidad, y a partir de ello la certidumbre es clara”.
El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, señaló que el gobierno federal ha actuado en este caso con oportunidad para cumplir con sus responsabilidades, al dar prioridad a la población afectada y al medio ambiente.
Insistió en que las autoridades federales dieron los pasos necesarios para hacer que la empresa cumpla con su obligación y se haga cumplir con la ley.
