Poder y Crítica | Redacción | En medio de la crisis con el sindicato de Taxistas de Quintana Roo, se pretende votar una ley que obligaría a los repartidores no sólo a afiliarse a alguna organización sindical o empresa, sino también a tramitar un permiso con costo y hasta utilizar cajas “especiales” para la entrega de productos, mismas que también tendrían un costo.
Está circulando un comunicado en el que grupos de repartidores de Quintana Roo manifiestan que su trabajo “está en peligro”. El documento, si firmas, denuncia que el Instituto de Movilidad del Estado promovió una ley que “Obligará a los repartidores a tramitar un permiso del gobierno para poder trabajar. Negará ese permiso a los repartidores libres, los que no formen parte de un sindicato o cooperativa autorizada y establecerá un impuesto de 2% a los pedidos, reduciendo nuestros ingresos”, apunta.
Explican que el jefe del Instituto de Movilidad del Estado promovió una reforma en el Congreso que crea el artículo 85 Ter en la Ley de Movilidad, misma que fue aprobada el pasado 17 de enero por la Comisión del Congreso y si este lo aprueba muy pronto será ley.
El documento que circula en diversos chats de repartidores de Quintana Roo denuncia:
“¿Qué dice el artículo 85 Ter(rible) aprobado?1. Elimina el trabajo libre. Los repartidores tendremos que pedirle al gobierno un permiso para poder ejercer nuestro trabajo. ¿Por qué violan nuestro derecho constitucional al trabajo?
¿Cuánto nos va a costar a los repartidores sacar ese permiso? Nos obliga a asociarnos. No podremos sacar ese permiso si no formamos parte de una “organización laboral o empresa”. ¿A qué grupo o sindicato nos pedirá el gobierno que nos afiliemos? ¿Quién se va a quedar con las cuotas que paguemos? ¿Sindicatos charros?”
Sobre la prohibición del uso de mochilas, apuntan: “Tendremos que comprar y repartir las “cajas especiales” que imponga el gobierno. ¿Tendrá el gobierno algún acuerdo con algún fabricante de esas cajas?
Finalmente, los repartidores se quejan de que no fueron tomados en cuenta. “¡¡No se nos escuchó para aprobar este atropello que viola nuestros derechos!! ¡¡Pedimos a la Gobernadora Mara Lezama su respaldo!!
