PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Las empresas proveedoras y contratistas de Ciudad del Carmen afectadas por el incumplimiento de pagos por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) no recibieron el respaldo esperado del grupo parlamentario de Morena y sus aliados, luego de que votaran en contra de dispensar trámites a una propuesta que buscaba condonar multas, recargos y obligaciones patronales a las firmas afectadas.
La iniciativa tenía como objetivo solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la emisión de un decreto que permitiera otorgar facilidades fiscales temporales a las empresas carmelitas, como medida para mitigar el impacto económico que ha generado la falta de pagos por parte de la empresa productiva del Estado.
En particular, se planteaba brindar apoyo en el cumplimiento de contribuciones obrero-patronales, incluyendo pagos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Durante la presentación de la propuesta, se estimó que al menos 120 empresas locales han sido severamente afectadas por los adeudos de PEMEX, los cuales ascienden a montos millonarios, según datos del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen (CCE).
Se advirtió además que la situación económica de la “Isla” podría derivar en una crisis social, ante el riesgo de perder hasta 10 mil empleos ligados directa o indirectamente a la actividad petrolera.
“La deuda no es solo un problema empresarial, puede desatar una crisis social de desempleo, informalidad, pobreza y caída en los índices de desarrollo humano”, se destacó durante la lectura del punto de acuerdo.
No obstante, en la votación para eximir la propuesta de más trámites y discutirla de forma inmediata, los legisladores de Morena y sus aliados no votaron a favor, por lo que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Energético Sustentable para su análisis y dictamen.
Mientras tanto, las empresas afectadas deberán seguir enfrentando los estragos financieros derivados de los retrasos en los pagos por parte de la petrolera nacional, en espera de una solución que les permita estabilizar su operación y conservar el empleo formal en la región.
