México, 4 Ago (Notimex).- El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, José Francisco Yunes Zorrilla, reconoció que el paquete fiscal y de ingresos de las leyes energéticas agiliza y libera la carga fiscal de Pemex.
Esta situación permitirá un mejor aprovechamiento de la renta petrolera, señaló el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Las minutas en materia financiera sobre la reforma energética, enviadas al Senado por la Cámara de Diputados, dan forma a las aspiraciones contenidas en las modificaciones constitucionales y encauzarán la renta petrolera hacia el ahorro de largo plazo y el financiamiento de inversión productiva.
Ante las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía y Estudios Legislativos, Primera, el legislador presentó el dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Federal de Derechos y de la de Coordinación Fiscal.
También, el proyecto de decreto por el cual se expide el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que implica 77 modificaciones a la iniciativa del presidente de la República, explicó Yunes Zorrilla.
El senador priista explicó además que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se establece el régimen de ingresos a través de contratos y asignaciones derivadas de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
Yunes Zorrilla precisó que se emiten las disposiciones de administración y supervisión sobre aspectos financieros de contratos y asignaciones, así como las respectivas para fomentar la rendición de cuentas y transparencia.
Detalla además el concepto de Ingresos, el cual se limita a tres fuentes: contraprestaciones provenientes de contratos del Estado Mexicano con las empresas productivas o personas morales; con las asignaciones a través de derechos especificados en la ley; y por los impuestos generados de actividades de exploración y extracción.
Señala también las condiciones económicas que acompañarán a los contratos de utilidad y producción compartida, cuya diferencia será el porcentaje de la utilidad operativa que reciban una de las partes.
Al ser en efectivo, serán contratos de utilidad compartida, mientras que al ser en especie, serán de producción compartida, explicó.
Yunes Zorrilla resaltó que una de las modificaciones relevantes es la determinación de las obligaciones de los contratistas, el pago de la contraprestación a que tiene derecho el Estado, y la observación de lineamientos en materia de costos y en adquisición de bienes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pondrá a su disposición.
En este sentido, dijo, el Fondo Mexicano del Petróleo tendrá a cargo su administración y los trabajos de supervisión y verificación corresponderán a la Secretaría de Hacienda.
El presidente de la Comisión de Hacienda expresó que Petróleos Mexicanos (Pemex) estará sujeto a tres derechos, uno por utilidad compartida, otro por exploración y uno más para la extracción.
Además, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos impulsa el impuesto por actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, el cual no formará parte de la recaudación federal participable y será transferido en 100 por ciento a entidades y municipios.
La Ley que expide el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo constituye un fideicomiso que le da facultades para recibir, administrar, invertir y distribuir recursos de la renta petrolera; tendrá un comité técnico integrado por siete personas, cuatro de ellas consejeros independientes y tres representantes del Estado.
Éstos últimos son: los titulares de Hacienda, quien presidirá el comité, de la Secretaría de Energía, así como el gobernador del Banco de México (Banxico).
Yunes Zorrilla destacó que la Ley de Coordinación Fiscal se ajusta a las nuevas disposiciones y aumenta el fondo general de participaciones porque se incrementa la recaudación federal de participaciones.
Agregó que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, define destinos específicos, porcentajes y montos a destinar de recursos que excedan ahorro de largo plazo de tres por ciento.
