PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Expropiaciones, vigente desde 1981, conocida como la “Ley Alito”, con el objetivo de garantizar que los procesos por causas de utilidad pública se realicen con transparencia, notificación a los afectados y pago de indemnizaciones a valor comercial, con plazos de hasta dos años para cubrirlas.
El diputado Carlos Ucán explicó que la modificación tiene como eje central la justicia social y busca evitar rumores sobre supuestos despojos arbitrarios. Aclaró que la norma no está dirigida a una persona en particular, aunque el caso del exgobernador y actual senador Alejandro Moreno Cárdenas, señalado por presunto enriquecimiento ilícito, ha sido mencionado como ejemplo de aplicación.
“La ley no apunta a nadie en específico, pero permite actuar contra propiedades adquiridas irregularmente. Si se expropian terrenos o inmuebles obtenidos con recursos públicos de manera indebida, el proceso será justo y transparente”, afirmó.
La oposición, principalmente Movimiento Ciudadano, acusó al gobierno estatal de promover un instrumento para despojar a ciudadanos de sus bienes. Sin embargo, Ucán rechazó esa versión al señalar que la ley solo se aplicará en casos de interés público, como proyectos de infraestructura, sin poner en riesgo viviendas particulares.
La reforma establece que tanto ciudadanos como funcionarios estarán sujetos a la norma, especialmente en casos de corrupción o uso indebido de recursos públicos.
El periodista y analista político Julio Astillero subrayó que la reforma es de aplicación general, no de persecución, y que su implementación deberá ser precisa, justificada y enfocada en proyectos de beneficio público.
Con esta modificación, Campeche cuenta con un instrumento legal que, según sus impulsores, busca enviar un mensaje claro contra la corrupción y asegurar que los recursos públicos se destinen en favor de la mayoría.
