Poder y Crítica | Redacción | La «Mafia Verde» que comanda desde el Congreso de Quintana Roo, Renán Sánchez Tajonar asestó otro golpe a los quintanaoerrenses con la aprobación de su bancada a la reforma constitucional que se aprobó disfrazada de una renovación democrática del Poder Judicial, con la promesa de elegir por voto popular a la mayoría de los magistrados y jueces del Estado en las elecciones extraordinarias del próximo 1 de junio; sin embargo fue aprovechada para favorecer a otro destacado miembro de los verdes: Heyden Cebada Rivas, magistrado, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que se beneficia de una cláusula que lo ratifica en su cargo hasta 2033, y le garantiza una pensión vitalicia, privilegio que será retirado a otros magistrados.
El primer aspecto alarmante de esta reforma es la excepción hecha específicamente para Heyden Cebada Rivas. Mientras el resto de los magistrados y magistradas del TSJE deberán someterse a votación popular o presentar su renuncia anticipada, Cebada Rivas goza de la protección de un mandato prorrogado sin el consentimiento de los votantes.
Su cargo, que originalmente terminaba en 2027, se extiende ahora hasta 2033. A esta extensión de poder se suma un incentivo económico: una pensión vitalicia que garantizará que, al final de su carrera, el magistrado tenga un retiro dorado, mientras que aquellos que sean reelegidos por el pueblo perderán este beneficio.
La justificación para otorgar tales privilegios no está clara en ningún momento. No hay ninguna explicación lógica o razonada sobre por qué Cebada Rivas debería ser privilegiado con un mandato más largo que el original y con una pensión vitalicia.
Lo que parece evidente es que se trata de una jugada política para asegurar que el magistrado continúe en su puesto, sin el riesgo de ser destituido por los votantes. Cebada Rivas ha sido señalado por su influencia política sobre el sistema judicial y sus presuntas manipulaciones, lo que hace aún más cuestionable esta extensión de poder donde los intereses políticos prevalecen sobre los principios democráticos.
Esta medida también aplica a una magistrada recién nombrada, Ana Mercedes Castillo Carvajal. A pesar de haber sido designada después de él, también se beneficia de la misma cláusula protectora, extendiéndole su mandato hasta 2033, en lugar de seguir los mismos procedimientos de ratificación que los demás magistrados.
No se presentó ninguna justificación convincente para que ella, por el simple hecho de haber sido nombrada en tiempos cercanos a la reforma, reciba un trato privilegiado frente al resto de sus colegas.
Por otro lado, los otros nueve magistrados que se encuentran en su segundo mandato deben enfrentar una dura realidad: su permanencia en el cargo dependerá del voto popular en la elección de junio.
Si no logran la reelección, se verán obligados a salir sin pensión vitalicia, un beneficio que anteriormente se les otorgaba al finalizar dos períodos. Para aquellos que desean asegurar este privilegio, la única opción es presentar su renuncia anticipada antes de la fecha límite establecida por la reforma.
La «renovación» prometida es, en el fondo, una farsa, una reconfiguración de los mismos intereses, ahora con un rostro más institucionalizado. El cambio parece estar diseñado no para democratizar el sistema, sino para reforzar el poder de ciertos individuos que, al final, saldrán beneficiados con una mayor permanencia en el poder.
Con la reforma aprobada, a partir de este año los impartidores de justicia serán electos mediante voto popular. Los ungidos podrán estar en el encargo hasta 15 años, con posibilidad de reelección. Queda pendiente la elaboración de la normatividad secundaria.
Ayer la Comisión Permanente dio entrada a la iniciativa de Reforma Constitucional del Poder Judicial Local, enviada por la gobernadora del Estado.
Se convocó a Período Extraordinario de Sesiones, el cual se desarrolló esta tarde, y fue aprobada por mayoría.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Jorge Sanem Cervantes, indicó la reforma se sustenta con base a los lineamientos avalados por la Legislatura Federal.
La elección de integrantes del Poder Judicial de Quintana Roo se realizará este año, aunque no precisamente el 1 de junio próximo, cuando se desarrollen los comicios para juzgadores federales.
De acuerdo a la reforma, se creará un Comité de Evaluación, el cual a más tardar el 12 de febrero próximo, y de cada año de elección de funcionarios judiciales; deberá remitir al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), los expedientes de cada interesado en los cargos a designar. Los aspirantes deberán cubrir todos los requisitos y estar exentos de relación con partidos políticos.
A partir de la publicación de la reforma referida, los juzgadores tendrán plazo de seis meses para desahogar el rezago existente en órganos jurisdiccionales. Como todavía falta elaborar la normatividad secundaria y reformar las leyes Orgánica del Poder Judicial y Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), todavía es imposible definir la fecha de la elección.
En tanto, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) deberá diseñar el plan operativo y calendario respectivo, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE).
En Quintana Roo se elegirán a 19 funcionarios federales y 16 del Vigésimo Sétimo Colegiado. Se utilizarán seis boletas en aproximadamente mil 200 centros de votación.
A nivel nacional serán 861 juzgadores.
Dada la incertidumbre que prevalece aun, el Congreso de la Unión debe estar en la elaboración de la normatividad secundaria.
