PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El ambicioso programa de construcción de domos escolares impulsado por el gobierno de Quintana Roo, contempla la edificación de 1,109 estructuras en escuelas públicas de los 11 municipios del estado, con una inversión global estimada en alrededor de 4,000 millones de pesos. La meta busca abatir un rezago histórico y ya registra más de 300 domos entregados. Sin embargo, la ejecución del proyecto ha generado acusaciones de irregularidades y presunta corrupción centradas en José Rafael Lara Díaz, titular de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), quien previamente dirigió el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO).
Las acusaciones, difundidas por medios locales y respaldadas por denuncias de trabajadores de la propia dependencia y empresarios de la construcción, señalan la adjudicación de contratos millonarios a empresas foráneas o del entorno cercano al funcionario, retrasos sistemáticos en obras, falta de supervisión adecuada, desvío de recursos operativos como vehículos oficiales, vales de gasolina, viáticos y prácticas de nepotismo en nombramientos; denuncias anteriores a su llegada a la SEOP, afirman que estos esquemas se habrían estructurado desde la etapa de Lara Díaz en el IFEQROO.
La principal constructora señalada es Cinco Contemporánea S.A. de C.V., originaria de Guadalajara, Jalisco, propiedad de los empresarios Rodrigo y Felipe Ramos Garibi. La SEOP le adjudicó un megaproyecto para la construcción de 91 domos escolares por un monto total 240 millones 171 mil 073.67 pesos.
La adjudicación generó protestas de cámaras y asociaciones de constructores locales, que denunciaron el desplazamiento de empresas de Quintana Roo, relegadas a esquemas de subcontratación con condiciones económicas desfavorables. Críticos y medios locales han recordado señalamientos previos contra la empresa en Jalisco por presuntas redes de corrupción en obra pública. Denuncias internas de trabajadores de la SEOP apuntan además a que la ejecución física se delega a firmas locales de reciente creación o presuntamente vinculadas a familiares del secretario y de su esposa, con “pagos exprés” y supervisión laxa de materiales.
Otras empresas foráneas identificadas en investigaciones periodísticas y denuncias como beneficiadas incluyen: Urbanizadora Zocotumbak S.A. de C.V., de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Recibió el contrato FAFEF-OP-050/2025 por 79 millones 669 mil 429.24 pesos para 24 domos ligeros en Othón P. Blanco, Bacalar y José María Morelos.
Por su parte Construwerepa S.A. de C.V., representada legalmente por María del Pilar Carbajal. Obtuvo el contrato FAFEF-OP-049/2025 por 59.7 millones de pesos para 18 domos en localidades de Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas.
DAEN S.A. de C.V. Consiguió el contrato FAFEF-OP-045/2025 por 33 millones de pesos para 18 domos tipo arcotecho en Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Puerto Morelos. Medios locales destacan que la empresa solía perder licitaciones por exceder techos financieros, pero resultó favorecida en esta administración.
Reportes adicionales señalan que cuatro empresas foráneas concentraron alrededor de 298.6 millones de pesos en cuatro contratos de domos en 2025, incluyendo a Corporativo Grupo Ríos S.A. de C.V., en participación conjunta con MLM Ingeniería y Desarrollo S.A. de C.V., por 125.8 millones de pesos para 38 domos ligeros en varios municipios del norte. En varios de estos contratos, según denuncias, la SEOP habría omitido publicar datos como el nombre del representante legal, fecha de constitución de la empresa, notario y domicilio fiscal.
El sector empresarial local, incluyendo voces de Coparmex y cámaras de la construcción regionales, ha criticado que estas licitaciones concentraron recursos del erario en constructoras ajenas al estado, obligando a las firmas locales a operar como subcontratistas en condiciones desventajosas.
El costo promedio de un domo escolar edificado por el gobierno estatal oscila entre 3.3 y 4.0 millones de pesos por plantel. La inversión base estándar de alrededor de 3.3 millones de pesos corresponde a techumbres metálicas tradicionales de aproximadamente 500 metros cuadrados con estructura de acero, cimentación de columnas y techado, como las entregadas en localidades como Huay-Pix o Ucum.
Proyectos integrales elevan el costo a entre 4.0 y 5.5 millones de pesos cuando incluyen renovación de canchas de básquetbol, sistemas pluviales, iluminación LED de alta potencia o aulas didácticas. Los domos de menor escala, destinados a preescolares o centros comunitarios, rondan los 1.8 millones de pesos.
El programa oficial arrancó con una fase inicial orientada a 550 domos y contempla la meta total de 1,109. El gobierno ha inaugurado decenas de estas obras en actos públicos, con inversiones unitarias recurrentes de más de 3.3 millones de pesos, y ha subrayado que el combate a la corrupción permite que el dinero del pueblo regrese al pueblo en forma de infraestructura.
Sin embargo las acusaciones de monopolio de paquetes, favoritismo hacia empresas foráneas con historiales cuestionados, subcontratación opaca y posibles vínculos familiares continúan circulando en medios locales y entre actores del sector. Mientras el gobierno avanza en la entrega de espacios techados las denuncias de irregularidades en la asignación y supervisión de los contratos persisten y es que cuatro mil millones de pesos se están diluyendo ligeramente en manos de Lara Díaz y sus compañías favoritas. No tienen llenadera.
