PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Las denuncias por extorsión contra Rafael Hernández Kotasek se acumulan. Transportistas, mototaxistas y conductores de Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres señalan que los retenes e inspecciones del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) se han convertido en puntos de cobro irregular. Según testimonios difundidos en redes sociales, inspectores exigen “moches” que van desde 3 mil hasta 40 mil pesos para liberar unidades, evitar multas o permitir la circulación de taxis, combis, mototaxis y camiones de carga.
En los últimos tres días las extorsiones se enfocaron a los servicios de plataforma como Uber; una denuncia anónima advierte que los operativos de movilidad regresaron con fuerza y que las unidades que no cumplan con permisos, documentación y distintivos vigentes podrían terminar en el corralón.
La amenaza del personal de Kotasek es directa: ni alianzas, ni grupos, ni supuestos acuerdos servirían como protección si la unidad no está en regla. También se denuncia un cambio en las condiciones de pago para algunos conductores, quienes habrían sido informados de que deberán cubrir nuevamente la tarifa completa para contar con su permiso, mientras tanto, se estaría solicitando actualizar nombres, placas y datos de las unidades, ante la posibilidad de que la información sea cotejada durante los operativos.
En las extorsiones se menciona de manera reiterada a subordinados como Alejandro Aguayo Tamayo y delegados locales; los afectados hablan de cuotas recurrentes “la cuarenta” y de operativos que, lejos de ordenar el transporte, generan temor y desconfianza. Estimaciones no oficiales de algunos denunciantes hablan de recaudaciones mensuales millonarias que no aparecen en los reportes de transparencia.
El IMOVEQROO, encabezado desde febrero de 2025 por Hernández Kotasek, niega rotundamente estas acusaciones, la dependencia sostiene que los filtros y retenes son operativos legales de verificación de documentación, permisos y condiciones físico-mecánicas, amparados en el Reglamento de la Ley de Movilidad. Afirma que se realizan de forma aleatoria, que los inspectores se identifican con gafete oficial y que no se solicitan pagos, además que invita a denunciar cualquier irregularidad a través de canales oficiales.
Sin embargo en los últimos días, las redes sociales están plagadas de videos y fotografías de los operativos que no solo detienen a choferes de plataformas, es por parejo a todo el público, y en este contexto no hay que olvidar que el paso de que antes de llegar a Quintana Roo, Hernández Kotasek dirigió la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) y fue el principal operador del sistema de transporte público “Va y Ven”, impulsado durante el gobierno de Mauricio Vila Dosal.
El modelo se presentó como un ejemplo de modernización con unidades nuevas, pago electrónico y rutas ordenadas.Al dejar el cargo a inicios de 2025, el gobierno morenista de Joaquín Díaz Mena hablaron de un “boquete financiero”.
Se reportó una deuda cercana a los 1,700 millones de pesos contratada para infraestructura del CETRAM y obras asociadas y un déficit operativo estimado en alrededor de 206 millones de pesos mensuales, por esta situación se criticó el esquema de pago por kilómetro recorrido, independiente de la demanda real, posibles sobrecostos, contratos con alegados conflictos de interés y la venta irregular de permisos y concesiones.
Taxistas yucatecos también lo acusaron en su momento de permitir esquemas de extorsión y de trato preferencial. El nuevo gobierno de Yucatán inició auditorías y algunas denuncias por irregularidades em facturas, efectivo encontrado, aunque hasta la fecha no se ha reportado una condena judicial contra Hernández Kotasek por estos hechos. Él y la administración anterior no han emitido respuestas pormenorizadas que desmientan punto por punto los señalamientos.
Ahora bien, Hernández Kotasek llegó a Quintana Roo con el encargo de transformar la movilidad. Bajo su dirección se impulsa el Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI) una copia burda del fraude cometido en Yucatán que ya fue presentado como un modelo moderno, con tarifas sociales, pago digital, rutas ordenadas, unidades nuevas y la sustitución de la policía de Tránsito por Agentes de Movilidad, con el objetivo declarado de reducir la corrupción y que hasta el momento sigue en pruebas y más pruebas.
La primera etapa que contempla operación en Chetumal, Cancún, Isla Mujeres y Playa del Carmen, beneficiando supuestamente a más de 1.5 millones de habitantes, aún no da resultasdos.
Ya se han puesto en marcha rutas piloto, se anuncia que se avanza en credenciales de tarifa social y se anuncian centros de monitoreo y unidades eléctricas o modernas.
Sin embargo, las denuncias de retenes y cobros irregulares generan dudas sobre si el instituto logrará romper con las prácticas de corrupción que históricamente han afectado al transporte en el estado.
Transportistas temen que la centralización de facultades y los operativos de “ordenamiento” se traduzcan en mayor presión económica sobre los operadores, mientras los usuarios esperan un servicio más eficiente, seguro y asequible.
El éxito o fracaso de MOBI dependerá no solo de la infraestructura y la tecnología, sino de la capacidad del IMOVEQROO para generar confianza, transparentar sus operativos y demostrar que las inspecciones sirven a la legalidad y no a la recaudación informal.
Por ahora, las acusaciones de extorsión y el legado del “Va y Ven” pesan sobre la gestión de Hernández Kotasek, mientras Quintana Roo apuesta por una transformación de su movilidad que aún está en construcción.
