México, 10 de Noviembre; poderycritica.- A nueve meses y medio de su creación, la comisión que el gobierno federal estableció en Michoacán para combatir la inseguridad pública y estabilizar la entidad ha costado 68 millones 296,011 pesos, según información de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Esto significa que, hasta finales de septiembre pasado, se había ejercido 59% de los 115 millones 430,252 pesos que la Segob autorizó en 2014 para este órgano encabezado por Alfredo Castillo, un político cercano al presidente Enrique Peña Nieto.
Los recursos se desprenden de los 75,000 millones de pesos que la Segob tiene presupuestados para este año y se dividen en tres rubros, según uno de los documentos entregados por la Segob.
El primer rubro consta de 113 millones 152,618 pesos para cubrir los sueldos del personal de la comisión, 2 millones 235,634 pesos para el pago de impuesto sobre nómina y 42,000 pesos para seguros de responsabilidad civil y asistencia legal.
Dentro de los documentos entregados ante esta solicitud, la Segob detalla que la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán —creada por un decreto presidencial del 15 de enero pasado— está integrada por 132 funcionarios, incluido el propio Castillo.
En esta estructura están un coordinador de Fuerzas de Seguridad Pública, el secretario particular del comisionado, un coordinador y tres enlaces administrativos, 74 servidores públicos dedicados a tareas como el análisis de información, el seguimiento a acuerdos y la vinculación con otras autoridades, así como 17 secretarias, 17 choferes y 17 mensajeros.
Todos ellos son trabajadores eventuales y fueron contratados expresamente para conformar la comisión, según explicó la Segob.
Por encabezar a este equipo, Castillo recibe un sueldo mensual de 194,708 pesos, correspondiente a plazas de nivel HB1 en eltabulador de sueldos y salarios para puestos de mando de dependencias federales.
Castillo es considerado un hombre de confianza de Peña Nieto, en cuyo mandato como gobernador del Estado de México (2005-2011) fue procurador de Justicia. Ya en este gobierno, fue titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) antes de ser designado comisionado en Michoacán.
Sin embargo, desde enero pasado su nombramiento ha generado polémica entre los partidos de oposición Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), pues consideran que esta figura viola la soberanía del estado y de sus municipios porque interfiere con sus funciones.
Incluso, algunos senadores de esas fuerzas políticas han pedido al gobierno federal y al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) que elimine la comisión, aunque este punto aún no se discute formalmente.
