Un juez federal vinculó a proceso al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Aguirre, detenido el 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, por agentes de la SSPC y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, es acusado por la FGR de haber encabezado una operación «dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal» para ocultar evidencia.
Según la fiscal Ernestina Godoy, el ex mandatario ordenó desaparecer las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala que captaron la detención del autobús Estrella de Oro 1531, donde viajaban los 43 normalistas la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. En ese entonces su gobierno alegó fallas técnicas.
Dos testigos colaboradores rompieron el silencio. En 2023 uno reveló que un operador sustrajo las cintas para entregarlas directamente a Aguirre. En enero de 2026 un segundo testigo confirmó la cadena y dijo haber recibido amenazas que explicaban su silencio por casi 12 años.
La imputación marca un giro en el nuevo modelo de investigación de la FGR. Aguirre pasó de testigo en 2019 a imputado, 12 años después de los hechos que le costaron el cargo en octubre de 2014.
Los padres de los 43, a través del Centro Prodh, dijeron que no fueron notificados formalmente de la captura, pero consideraron que, de ser sólida y apegada a derecho, la causa «puede saldar una deuda de justicia».
El juez le dictó prisión preventiva justificada. Su defensa pidió duplicidad del plazo para definir medidas.
