La historia del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) exhibe cómo el fondo de retiro de miles de maestros y burócratas fue entregado a una firma privada bajo el argumento de una estrategia de inversión.
De acuerdo con una investigación publicada por Sol Yucatán, el desvío se originó durante la administración de Rolando Zapata Bello. En 2014, el entonces director del instituto, Ulises Carrillo Cabrera, funcionario que había sido jefe de despacho y secretario de Planeación en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, canalizó una parte sustancial de la reserva de pensiones al Grupo Escorfin, encabezado por Roberto Guzmán García.
Lo que se presentó públicamente como una maniobra para multiplicar la bolsa del retiro, terminó articulando un entramado de empresas fachada creadas en distintas fechas para diluir responsabilidades y mover el dinero de los trabajadores entre intereses privados y funcionarios.
El reportaje señala que el modelo no fue exclusivo de Yucatán. El mismo esquema de inversiones inmobiliarias de alto riesgo y presuntos desvíos arrastra denuncias en otras entidades del país donde operó el mismo grupo financiero.
El caso del ISSTEY, que administra las pensiones de más de 42 mil familias yucatecas, se ha vuelto emblemático porque cada decisión de inversión impacta directamente en la viabilidad del sistema. En los últimos años, el instituto ha enfrentado señalamientos por la venta y donación de terrenos a dependencias como Sedatu y al proyecto del Tren Maya por debajo de su valor comercial, lo que según legisladores de oposición representa una descapitalización de hasta 600 millones de pesos.
A la crisis financiera se suma el debate sobre la reforma a la Ley del ISSTEY, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso local, que según críticos no garantiza la sostenibilidad a largo plazo y deja abierta la puerta a que el no entero de cuotas no sea castigado penalmente.
El fondo de pensiones sigue en disputa política y judicial.
