PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El Instituto Nacional Electoral (INE) manifestó su preocupación ante los posibles efectos de las reformas impulsadas por la Presidencia de la República que buscan crear una nueva CURP con datos biométricos. De acuerdo con el organismo, esta medida podría impactar directamente el padrón electoral, la credencial para votar y la confianza ciudadana.
Durante la sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa, titular del área, expuso que el análisis preliminar de la iniciativa presidencial contempla riesgos como una disminución en la tramitación de la credencial para votar con fotografía, lo que podría derivar en mayores niveles de abstencionismo electoral.
“Consideramos que podría generarse un impacto negativo en la confianza ciudadana en relación con el manejo de sus datos personales por parte del INE”, señaló Sosa. “La expedición de otra identificación oficial puede restablecer relevancia a la credencial para votar, lo cual influiría en la participación electoral”.
La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada ya la Ley General de Población, incluyendo la integración de datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población (CURP). La Secretaría de Gobernación sería la encargada de concentrar esta información, aunque aún no se ha definido si el INE deberá transferir datos del padrón electoral.
Sosa se enfatizó que si bien hay retos, también se trata de una oportunidad para fortalecer la colaboración institucional.
“No lo debemos ver como una amenaza, sino como un área de oportunidad… para mantener la verificación de la información del padrón electoral y la lista nominal”, indicó.
El INE también reconoció la necesidad de evaluar los efectos de la versión digital de la CURP biométrica, que estará bajo responsabilidad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal.
Actualmente, el INE mantiene 33 convenios de colaboración con fiscales y comisiones de búsqueda a nivel federal y estatal para la localización e identificación de personas desaparecidas. No obstante, siete estados —Baja California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán— aún no se han adherido.
La consejera Carla Humphrey pidió revisar cómo esta reforma podría afectar dichos convenios y los procesos del Registro Federal de Electores.
“Me gustaría ver el impacto que pudiera tener para el trabajo del Registro… en los propios trabajos de la comisión y concretamente del Registro Federal de Electores”, expresó.
