El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que suman 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. De ese total, seis ocupaban el cargo de alcalde al momento de su captura.
El anuncio se dio durante el informe de seguridad presentado este lunes. García Harfuch detalló que las detenciones son resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales.
De acuerdo con el secretario, las investigaciones abarcan varios estados y distintos niveles de gobierno. Los delitos que se imputan incluyen delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, protección a grupos delictivos y tráfico de armas.
García Harfuch señaló que seis de los detenidos eran presidentes municipales en funciones cuando fueron aprehendidos. No reveló nombres ni municipios por el sigilo de las carpetas de investigación. El resto de los casos corresponde a exalcaldes, exdirectores de seguridad pública, exsíndicos, regidores y otros servidores públicos que dejaron el cargo en administraciones pasadas.
El funcionario subrayó que estas acciones buscan desarticular redes de complicidad entre autoridades y grupos criminales. Afirmó que la estrategia de seguridad contempla atacar las estructuras financieras y de protección institucional que permiten operar a la delincuencia.
También indicó que varios de los detenidos ya fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva. Otros casos siguen en etapa de integración de pruebas. La Secretaría de Seguridad mantiene intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear movimientos irregulares en cuentas bancarias.
García Harfuch aseguró que ningún servidor público está exento de investigaciones cuando existen indicios de colusión. Recalcó que la instrucción presidencial es cero tolerancia a la corrupción y cero impunidad.
Organismos de la sociedad civil han solicitado que se transparente el listado de municipios afectados y el avance judicial de cada caso. Hasta ahora, las autoridades federales mantienen reserva para no entorpecer los procesos.
Con estas 85 detenciones, el Gobierno federal busca enviar un mensaje sobre el combate a la infiltración del crimen en instituciones. La dependencia adelantó que en próximos informes se darán a conocer nuevas capturas derivadas de las mismas líneas de investigación.
