PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El gobierno de Florida anunció que presentará una apelación contra la orden de una jueza federal que instruyó el desmantelamiento del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” en un plazo máximo de 60 días, además de prohibir la llegada de nuevos migrantes al recinto.
La resolución fue emitida por la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, quien falló parcialmente a favor de organizaciones ambientalistas y la tribu indígena Miccosukee, que habían denunciado daños ecológicos en la zona de los Everglades, donde se ubica el centro.
Sin embargo, la administración estatal, encabezada por el gobernador Ron DeSantis, afirmó que las deportaciones continuarán mientras el sitio permanezca operativo. “Una vez más, la jueza se extralimita en sus funciones, y vamos a impugnar esta decisión”, declaró Jeremy Redfern, vocero de la oficina del fiscal general James Uthmeier.
Controversia ambiental y migratoria
El centro, abierto el 3 de julio en un antiguo aeropuerto abandonado, se encuentra en medio de los Everglades, un ecosistema protegido que alberga 36 especies en riesgo, incluyendo panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos. La orden judicial también prohíbe nuevas construcciones, excavaciones, cercas o instalaciones adicionales en la zona.
Actualmente, en “Alligator Alcatraz” permanecen 336 migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de los cuales 78 son mexicanos, según cifras del consulado de México en Miami.
Un centro polémico en la política migratoria
“Alligator Alcatraz” ha sido uno de los espacios más representativos de la política migratoria impulsada en Florida. De acuerdo con datos recientes, el número de personas bajo custodia de ICE se ha incrementado un 49 % desde enero, alcanzando más de 55 mil detenidos en la primera mitad de julio.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos y abogados migratorios han denunciado limitaciones en el acceso a la defensa legal de los detenidos, mientras que grupos ambientalistas celebran la decisión judicial como una victoria parcial para la protección de los Everglades.
El proceso legal continuará en los próximos meses, mientras la administración de DeSantis busca revertir la orden y mantener en funcionamiento el centro de detención.
