Quintana Roo, 10 agosto, poder&crítica.- A tres semanas de que pierda el fuero, que lo hace “intocable”, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, empresarios y hasta grupos ecologistas, demandan que Félix Arturo González Canto, Senador de la Republica de origen cozumeleño (2012-2018) y ex gobernador del estado (2005-2011), rinda cuentas de su labor legislativa ante los electores que le dieron el voto para llegar a la máxima Cámara de representantes del país.
Sin embargo nadie sabe dónde está. Presiente que podría ser llevado ante la justicia. Como se sabe, en 2016, lo denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), por haber vendido el patrimonio del estado a amigos empresarios, funcionarios y amistades cercanas, tal y como lo hizo su sucesor Roberto Borge y quien de acuerdo a diversas fuentes literalmente fue su “títere” y prestanombres.
El mismo ex alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde y con quien se lió a golpes el 9 de octubre del año pasado en la ceremonia del 43 Aniversario de la creación formal del estado de Quintana Roo, exigió “que se aclare todo lo relacionado a su gestión, porque nadie debe estar por encima de la ley”.
El mismo Senador electo José Luis Pech Várguez y quien trabajó en la administración Felixista como Secretario de Educación y rector de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), rechazó que le brindará protección en la administración federal próxima.
Hizo escuela
Félix González, al igual que lo hizo su sucesor y protegido, el ex gobernador Roberto Borge, actualmente preso, también remató predios que eran patrimonio del estado, un total de 165, muchos de ellos a precios muy bajos y que llegaron a manos de empresarios y funcionarios cercanos a él, de acuerdo con la denuncia en su contra que la organización “Somos Tus Ojos” interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La presidenta de la agrupación, Fabiola Cortés, reiteró que denuncia fue presentada el 14 de septiembre de 2016 ante la dependencia federal, por predios desincorporados en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres durante su administración estatal.
“Lo realizado por Félix González Canto lo supera en el número de terrenos y la plusvalía de los terrenos, así como en el nombre de los personajes involucrados, varios de los cuales se repiten con Borge Angulo”, precisó Cortés.
Los datos de cada predio se anexaron en la denuncia y de la misma forma se aportaron los nombres de los beneficiaros que suman 90 terrenos cedidos por el extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) en la Riviera Maya, 56 en Cancún y 19 en Cozumel.
La ONG sostuvo que son las 352 hectáreas cedidas a empresarios del estado vecino de Yucatán, que pertenecían al Instituto de Vivienda del estado, y entre ellas, 31 hectáreas eran de la Universidad de Quintana Roo y están ubicadas en la zona costera.
“En el antecedente séptimo de la referida escritura pública número 22824, se puede leer que el 22 de septiembre de 2006, el IPAE enajenó a favor de Mayazama una fracción de terreno con una superficie de 3 millones 211 mil 312.90 metros cuadrados, marcada como lote 001, de la manzana 001 de la Supermanzana 002 del polígono 4 de la alcaldía de Tulum, municipio de Solidaridad”, se reiteró.
“El precio pactado fue de 208 millones 738 mil 592 pesos, esto es, a unos 15 pesos el metro cuadrado, de un terreno sobre el que se proyectaba un exclusivo y lujoso desarrollo turístico inmobiliario, y donde actualmente el metro cuadrado se vende en alrededor de seis mil pesos”, recalcó el reporte de “Somos Tus Ojos” sobre una de las fracciones del predio.
Cabe resaltar que Fabiola Cortés, quien también es abogada, interpuso en septiembre de 2016 una denuncia en contra del ex gobernador Borge, por la venta de predios de patrimonio del estado, ante la Fiscalía General local, y pidió a la PGR atraer la investigación.
En el reporte, la ONG llama a que la investigación de la PGR eche mano de otras dependencias, como la Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para indagar las operaciones realizadas, pues señala que la venta y reventa de predios son actividades vulnerables, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Deuda millonaria
La deuda de Quintana Roo al final del sexenio 2005-2011, de acuerdo a diversas calificadoras como Fitch Ratings, quedó en poco más de 9,000 millones de pesos, lo cual implicó un aumento del orden de los 7,261 millones durante todo el periodo de gobierno de Félix González Canto. Sin embargo estudios financieros posteriores la establecieron en mil 500 millones de pesos más.
De lo que se sabe sobre los empréstitos el primero fue el 9 de noviembre del 2006. Fue un refinanciamiento de la deuda del gobierno anterior del orden de los 1, 257 millones de pesos.
El 25 de noviembre del 2008 fue aprobado el decreto 66, que autorizaba al gobierno de Quintana Roo contratar un crédito por 1,900 millones de pesos, que se etiquetaron de la siguiente manera: 1,255 millones de pesos para obra pública, 270 millones de pesos para constituir un fondo de desastres naturales, 274 millones de pesos para atención de desastres causados por el huracán Wilma, 95 millones de fondo de reserva y 6 millones para accesorios.
Posteriormente el 10 de diciembre del 2009 fue publicado en el Periódico Oficial del estado el decreto número 196 sobre un empréstito por la cantidad de 2,661 millones de pesos para obras y proyectos productivos, así como para refinanciar el anterior empréstito de 1,900 millones de pesos.
Pero lo más desconcertante es que para dejar la administración en 2011, a Canto le fue autorizado por el Congreso del estado, un cuarto empréstito por 2 mil 700 millones de pesos, adicional a los antes contratados y refinanciados, el cual se desglosa así: 540 millones 392 mil pesos para obra pública, 984 millones 608 mil pesos para invertir en convenios, 700 millones de pesos para reestructuración de contratos financieros; 200 millones de pesos para la reserva del Fonden, 150 millones de pesos para el fondo de Contingencia, 95 millones de pesos en reservas y 30 millones para accesorios. En suma más saqueo a la entidad.
Fuente:Laverdad