La construcción de 303 viviendas en el fraccionamiento Puerta de Hierro quedó suspendida por la falta de permisos municipales, luego de que el Ayuntamiento de Campeche detectara que la desarrolladora inició obras sin licencia de uso de suelo, autorización de impacto ambiental ni factibilidad de agua y drenaje.
La Dirección de Desarrollo Urbano colocó sellos de clausura el pasado martes en tres etapas del proyecto, ubicado en la salida a Chiná. De acuerdo con el expediente, la empresa promovió el conjunto habitacional desde 2024 y comercializó al menos 140 casas mediante preventa, pese a no contar con el dictamen de congruencia urbana ni con el pago de derechos.
El alcalde informó que se abrió un procedimiento administrativo y se notificó a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales para determinar si existe fraude contra los compradores. “No vamos a permitir que se construya al margen de la ley ni que se ponga en riesgo el patrimonio de las familias”, declaró en sesión de Cabildo.
Vecinos de colonias aledañas denunciaron que las obras provocaron azolve en drenajes pluviales y afectaciones viales por el paso de maquinaria pesada. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado confirmó que el proyecto no tiene autorización de conexión a la red, por lo que las viviendas no podrían recibir servicios básicos.
La desarrolladora aseguró en un comunicado que “los trámites estaban en proceso” y que confiaba en regularizar la situación en 30 días. Presentó solicitudes de licencia en abril de 2026, pero el Ayuntamiento señala que los trabajos iniciaron en noviembre de 2025, según imágenes satelitales y bitácoras de inspección.
El Instituto de Vivienda del Estado indicó que las 140 familias que dieron anticipos podrán sumarse a un padrón para asesoría legal. La Procuraduría Federal del Consumidor ya instaló un módulo en el Palacio Municipal para recibir quejas y revisar contratos de adhesión.
Especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de Campeche advirtieron que construir sin permisos impide verificar estudios de mecánica de suelos, riesgos de inundación y capacidad de servicios. El predio, de 8.4 hectáreas, se ubica en una zona de recarga acuífera y colinda con un canal de desagüe que se desborda en temporada de lluvias.
El Ayuntamiento dio un plazo de 15 días hábiles a la empresa para presentar las licencias faltantes y un programa de mitigación. De no cumplir, procederá la demolición parcial y multas que pueden superar los 12 millones de pesos.
Con 303 viviendas detenidas, el caso reabre el debate sobre la supervisión inmobiliaria en la capital campechana y la necesidad de ventanillas únicas que eviten preventas sin certeza jurídica para los compradores.
