La empresa veracruzana Agrogema Agro, dedicada a la fumigación agrícola, reportó pérdidas superiores a los 70 millones de pesos luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) asegurara seis helicópteros, una avioneta, una aeropista y diversas instalaciones en el municipio de Medellín de Bravo.
La compañía obtuvo dos amparos lisos y llanos concedidos por la Jueza Sexta de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que dejan sin efecto el cateo realizado el 6 de enero de 2026 y ordenan la devolución de todos los bienes asegurados, informó su abogado Jorge Reyes Peralta.
De acuerdo con la defensa, el primer amparo concede la protección de la justicia federal contra la orden de cateo ejecutada en enero y obliga a la autoridad judicial emisora a rechazar la solicitud del Ministerio Público Federal. El segundo recurso ordena la restitución del helipuerto, vehículos, la aeropista y las seis aeronaves a sus legítimos propietarios.
La FGR, a través de su delegación en Veracruz encabezada por el fiscal federal Mauricio Alexandro Rosaldo García, anunció en enero que había asegurado una aeropista presuntamente ilegal por el delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis del Código Penal Federal.
Sin embargo, la empresa acreditó estar legalmente constituida y contar con todos los permisos oficiales para operar sus aeronaves y pista de fumigación.
Reyes Peralta calificó las actuaciones como arbitrarias y sin plan de investigación, y señaló que con estas resoluciones «se ha destruido totalmente la teoría del caso de la Fiscalía».
«Con estos dos amparos lisos y llanos se ha destruido totalmente la teoría del caso de la Fiscalía. Nunca ha existido un plan de investigación y ahora la propia justicia federal está evidenciando las irregularidades con las que actuaron», declaró.
El abogado advirtió que el aseguramiento provocó un severo deterioro patrimonial. Explicó que dos de los seis helicópteros ya fueron declarados como pérdida total, al permanecer diez meses sin el mantenimiento técnico adecuado durante la intervención federal. Cada aeronave tiene un valor estimado de un millón de dólares.
«Los daños iban en 50 millones, pero al día de hoy hay dos helicópteros ya se echaron a perder, es pérdida total. Cada helicóptero vale un millón de dólares, o sea, vamos en 70 millones de pesos o más en este momento», afirmó antes de una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Emiliano Zapata.
La defensa consiguió, mediante incidentes de suspensión, que personal especializado ingresara a las instalaciones para realizar labores de mantenimiento y evitar más daños, pero las pérdidas por la paralización de contratos de fumigación continúan acumulándose. La empresa estima afectaciones a más de 250 familias vinculadas a su operación.
Como parte de las acciones legales, el apoderado legal Omar Pérez Gómez presentó en agosto denuncias penales ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la propia FGR contra el fiscal federal Rosaldo García y tres agentes del Ministerio Público: Carlos Manuel Pérez Solís, Andrea Jahel González Castillo y Virginia Cecilia Blanco Hernández, por presunto abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.
Además, anunció que emprenderán acciones para reclamar el pago por daños materiales y morales, y solicitó la intervención de la titular de la FGR para que no se interponga recurso de revisión contra los amparos otorgados y se devuelvan los bienes una vez que las resoluciones queden firmes.
