El Gobierno federal reveló una investigación que documenta 27 años de contratos electorales acumulados por más de 2 mil 740 millones de pesos por una red de empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, incluyendo contratos con el organismo electoral de Tabasco, y señaló su vínculo con el partido SOMOS.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentaron la cronología de la red, con base en fuentes abiertas de la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet.
De acuerdo con la exposición, entre 2015 y 2023, periodo en que el Consejo General del INE fue presidido por Lorenzo Córdova Vianello, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) asignaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas de la red. Entre los estados mencionados está Tabasco. Posteriormente, entre 2024 y 2025, ya bajo la presidencia de Guadalupe Taddei, la misma red obtuvo 646.3 millones de pesos en contratos con 15 OPLEs. En total, 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025.
El origen de la red se remonta a la década de 1980. Entre 1983 y 1988, los hermanos trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación, donde José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del organismo.
En 1988 se constituyó Cartonera Plástica, vinculada a José Alfredo; en 1989 Padilla Aguilar asumió como secretario general del CISEN e incorporó a José Alfredo como secretario particular, mientras Raymundo se incorporó al área de Investigaciones. En 1992 se creó Formas Finas Fernando Fernández, vinculada a Raymundo Francisco Hernández Casillas.
La primera incursión electoral fue en 1999, cuando Cartonera Plástica participó como proveedor en el Estado de México. En 2005 obtuvo un contrato de 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral de esa entidad, caso que derivó en denuncias por presuntos sobornos y provocó la renuncia de siete consejeros electorales.
Entre 2012 y 2013 la red diversificó contratos a Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo. Tras la reforma electoral de 2014, que transfirió al INE la facultad de designar a los consejeros de los 32 OPLEs, se aceleró su expansión. El gobierno federal señaló que las empresas simulaban competencia en las licitaciones, acordaban precios previamente y en algunos casos carecían de trabajadores e infraestructura.
«Se han concentrado durante años en seis empresas ligadas a dos exfuncionarios», explicó Buenrostro. Las firmas identificadas son Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández. Los años de mayor facturación fueron 2021 con 908 millones, 2024 con 582.4 millones y 2018 con 321.8 millones, coincidiendo con procesos electorales federales.
En el apartado político, Buenrostro y Sheinbaum vincularon a la red con el partido SOMOS, que obtuvo registro nacional en junio de 2026 encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo. Señalaron que Juan Carlos Padilla Aguilar, el exfuncionario que impulsó a los hermanos, es militante de SOMOS. En esa misma organización participan Lorenzo Córdova, como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano; Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, como titular del Centro de Formación y Profesionalización Política; y Marco Antonio Baños, exconsejero del INE, como representante suplente ante el INE.
«¿De quién es el partido SOMOS? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo. ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023 con ese Consejo General del INE», cuestionó Sheinbaum.
La mandataria reiteró que la investigación no nació con Guadalupe Taddei, quien renunció el pasado 29 de octubre, y pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el SAT y la UIF determinen responsabilidades, mientras el INE analiza fortalecer a Talleres Gráficos de México para reducir la dependencia de proveedores privados.
