PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El atraco denunciado a tiempo sobre el nuevo sistema de mobillidad de Quintana Roo llamado MOBI, ideado el director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, fue consumado la tarde-noche del jueves cuando los diputados de Morena al servicio de La Mafia Verde aprobaron la reforma a la Ley de Movilidad, que permitirá un golpe a los bolsillos de los quintanaorrenses y engordará las carteras de inversionistas privados.
La reforma actualiza supuestamente el marco constitucional local y la Ley de Movilidad para alinearlos con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, incorporando disposiciones como el derecho a la ciudad y el principio de no regresividad presupuestal en materia de movilidad y seguridad vial.
En dicho documento además se estipula la responsabilidad del Estado en el diseño, implementación y operación del Sistema Integrado de Transporte, incluyendo previa suscripción de los convenios respectivos con los municipios, la modalidad de autobuses urbanos en ruta establecida.
La iniciativa de fue aprobada por mayoría y con el voto en contra de José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano, Lilia Mis, de Morena, y Filiberto Martínez, del PRI, que no asistieron.
Unas horas antes Hernández Kotasek acudió al Congreso del Estado para cabildear la aprobación de dicha reforma; el funcionario defendió la propuesta que permitirá al Estado y a los municipios supuestamente trabajar de manera articulada para atender uno de los temas más sensibles para la ciudadanía: la movilidad.
Durante su intervención, explicó que a través del Sistema Integrado de Transporte MOBI se plantea modernizar las unidades, ampliar rutas, reducir tiempos de traslado, impulsar la tarifa social y promover mayor inversión en infraestructura, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente, ordenado y accesible.
Hernández Kotasek subrayó que al elevar el esquema a rango constitucional se garantiza una visión de largo plazo con responsabilidad financiera, evitando que el servicio se detenga o pierda calidad con el paso de los años y los cambios de administración, era lo mismo que decía del sistema de Transporte Va y Ven que lo dejó en quiebra en el vecino estado de Yucatán con un adeudo superior a los 2 mil 500 millones de pesos.
Y es que la ruta del atraco y los privilegios para los inversores ligados al Partido Verde, incluye que el periodo de las concesiones otorgadas para la prestación de este servicio se prolongue de entre 10 hasta por 30 años en lugar de que, como lo marca la ley vigente, no rebase el periodo administrativo de cada ayuntamiento es decir únicamente tres años en un intento de garantizar que los empresarios recuperen la inversión que realicen en materia de transporte público de pasajeros y tengan un feudo al servicio de La Mafia Verde que comanda en el estado Renán Sánchez Tajonar, en una maniobra que dependerá de los convenios con cada ayuntamiento para determinar el tipo de inversión, el tipo de unidades y los plazos de la concesión, que ya se dice serán de 30 años.
Según Kotasek, los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Playa del Carmen serían los primeros en firmar los convenios. Aclaró que los actuales concesionarios podrán sumarse al muevo modelo de transporte publico de pasajeros para mantener la vigencia de sus permisos “siempre respetando los lineamientos y criterios vigentes ya que de lo contrario perderían la concesión”.
Con la aprobación se espera se instale el sistema MOBI en marzo pues aún se encuentra en la primera fase del proceso legislativo y deberá ser revisada por los cabildos municipales antes de su ratificación final y posteriormente se emitirían las convocatorias para las licitaciones correspondientes, donde La Mafia Verde lleva mano, este grupo criminal tiene la intención de que cada dos meses, se incorporen 20 unidades en cada municipios, evidentemente la firma que ya cabildea El Verde en los municipios, es lo que determinará el tipo de inversión y la tecnología que se va a utilizar, si serán camiones que operen con diésel o eléctricos será con plazos de 10 a 15 años y hasta 30 años, se tratara de un sistema más complejo, una trama bien orquestada para que los políticos verdes sean los concesionarios del transporte en Quintana Roo.
Cuando Hernández Kotasek se le cuestionó directamente cómo evitar que las concesiones se prolonguen por décadas y se vuelvan prácticamente intocables para futuras administraciones, la respuesta fue ambigua. Kotasek sostuvo que “ninguna concesión es eterna” y que la duración dependerá del periodo de recuperación de la inversión: 10 o 15 años para autobuses, hasta 30 años si se tratara de un sistema más complejo como un eventual metro.
El problema no es la lógica financiera, sino la ausencia de límites constitucionales o candados expresos. Si la duración queda sujeta al tamaño de la inversión, el margen para justificar contratos de largo plazo es amplio. En la práctica, la puerta queda abierta para que, bajo el argumento de garantizar viabilidad económica, se otorguen concesiones que amarren al estado por tres décadas o más. La experiencia reciente demuestra que revertir contratos de ese tipo no sólo es políticamente costoso, sino jurídicamente complejo y financieramente oneroso.
El antecedente de Aguakan no es menor. Durante años, la concesión de agua potable en varios municipios de Quintana Roo generó inconformidad social, litigios y debates legislativos por la duración de sus contratos y las condiciones pactadas.
Frente a ese precedente, la iniciativa de MOBI debió incorporar mecanismos explícitos de revisión periódica obligatoria, auditorías externas vinculantes y cláusulas de rescisión claras ante incumplimientos graves. Nada de eso fue detallado con precisión en la defensa pública del proyecto.
Por lo pronto el primer paso ya esta dado: viene un incremento a las tarifas de transporte público en algunos municipios superará el 35%; los precios de las licencias son irregulares y hay de primera y de segunda, Cancun es la ciudad más cara para sacar una licencia de conducir y aparte hay que sumarle que los agentes de tránsito se convierten en Agentes de Movilidad, todo centralizado por Imoveqroo. Los municipios solo verán pasar los millones que La Mafia Verde recaudará con el nuevo MOBI en el estado.
