San Isidro, Buenos Aires. Las cámaras volvieron a amontonarse frente a los tribunales de San Isidro este martes 14 de abril de 2026, casi a las 10:00 hora local. No era un déjà vu, aunque lo parecía: por segunda vez en trece meses, siete profesionales de la salud ingresaron a la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 para ser juzgados por el homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona. El primer proceso, iniciado el 11 de marzo de 2025, colapsó tras 21 audiencias y 44 testigos cuando se descubrió que la jueza Julieta Makintach protagonizaba, en secreto, un documental sobre el debate. Hoy, desde cero y con nuevos magistrados, la justicia argentina intenta saldar la deuda que dejó aquel escándalo.
El nuevo tribunal —Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani— escuchará a cerca de cien testigos durante aproximadamente tres meses, los martes y jueves de 10:00 a 17:00. La lista se redujo a un tercio de la original: de más de 200 nombres propuestos en la instrucción, se acordó citar a familiares, peritos, médicos, policías y personas del círculo íntimo del “10”. Todo lo actuado en 2025 fue declarado nulo; fotos, audios, chats y pericias deberán volver a exponerse como si nunca hubieran existido.
Los siete acusados y las penas en juego
En el banquillo se sientan el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. La fiscalía sostiene que tuvieron un desempeño “inadecuado, deficiente y temerario” que dejó a Maradona “en situación de desamparo” y “abandonado a su suerte”. Enfrentan penas de 8 a 25 años de prisión.
Cosachov fue la primera en llegar este martes. Su abogado, Vadim Mischanchuk, aseguró que “con las nuevas pruebas agregadas al expediente quedó descartada la responsabilidad penal dolosa” para algunos imputados. Luque, en tanto, recusó a dos de los nuevos jueces por “temor certero de parcialidad”, aunque el planteo fue rechazado.
Qué se juzga: los 14 días en Tigre
Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, por una insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón, mientras cumplía internación domiciliaria en una casa del barrio San Andrés, en Tigre. Dos semanas antes había sido operado de un hematoma subdural. La decisión de trasladarlo a un domicilio sin la aparatología adecuada, la falta de controles cardiológicos, la medicación psiquiátrica y la ausencia de un desfibrilador son el núcleo de la acusación.
El informe de la junta médica de 2021 concluyó que el equipo “fue indiferente” ante los signos de descompensación. La autopsia reveló que el corazón pesaba 503 gramos —el doble de lo normal— y que sufría cirrosis, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y deterioro neurológico. Para la fiscalía, eso no exime: “Sabían el riesgo y no hicieron nada para evitar que muriera”, repitieron este martes los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.
El juicio que no pudo ser
El proceso de 2025 parecía encaminado. Habían declarado Dalma, Gianinna y Jana Maradona, Verónica Ojeda, los peritos de la autopsia, el vecino que intentó reanimarlo y periodistas. Pero el 27 de mayo, tras exhibirse un tráiler del documental “Justicia Divina”, se comprobó que Makintach había permitido filmaciones en su despacho y pasillos del tribunal. Savarino y Di Tommaso anularon todo el 29 de mayo. Makintach enfrenta un jury y posible destitución.
La defensa de Cosachov y Forlini intentó luego aplicar el principio non bis in idem —nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho—, pero el TOC 7 lo rechazó: no hubo veredicto, por lo tanto no hubo juicio. El 17 de marzo de 2026 estaba previsto el reinicio, pero se postergó al 14 de abril por la seguidilla de feriados que habría cortado las audiencias.
Las hijas, otra vez en primera fila
Jana y Gianinna llegaron rodeadas de cámaras; Dalma evitó a la prensa con una maniobra de distracción de su abogado, Fernando Burlando. Jana dijo a EFE en diciembre que la anulación “fue como si mi padre se hubiera vuelto a morir”, pero que ahora solo pide “que se sepa la verdad, ni más ni menos”. Mario Baudry, abogado de Diego Fernando, el hijo menor, reclamó al tribunal “estar a la altura de lo que representó Diego para los argentinos y para el mundo”.
Afuera, un grupo de hinchas desplegó la bandera de siempre: “Justicia por D10S”. Adentro, el juez Gaig advirtió: “Este juicio se hará con celeridad, tres jornadas por semana”. La sala del segundo piso de Ituzaingó 340 está reservada hasta julio. Si el cronograma se cumple, el veredicto llegaría en invierno austral.
Qué cambia y qué no
A diferencia de 2025, esta vez no habrá televisación ni streaming. La prensa podrá tomar notas, pero sin imágenes ni audio. La querella pidió incorporar a dirigentes de Gimnasia y Esgrima La Plata, último club que dirigió Maradona, para describir su estado en 2020. La defensa insistirá en que el cuadro clínico era irreversible y que la internación domiciliaria fue decisión familiar.
Mientras tanto, la causa paralela contra la enfermera Dahiana Madrid seguirá por jurados, separada del debate principal. Madrid es la única que eligió esa modalidad.
Una deuda social, no solo penal
“Empieza el juicio por la muerte de Diego Maradona” volvió a ser titular mundial este 14 de abril. Para millones, el proceso excede lo jurídico: es el intento de explicar cómo el ídolo que gambeteó a Inglaterra en el 86 terminó solo, hinchado y sin monitoreo en un cuarto alquilado. La justicia bonaerense tiene tres meses para responder si hubo homicidio o si, como sostienen las defensas, la muerte era inevitable.
El martes, cuando Gaig declaró abierto el debate, un silencio espeso cubrió la sala. Afuera, el canto se repitió: “Olé, olé, olé, Diego, Diego”. Adentro, siete guardapolvos blancos esperan que la ley distinga entre error médico y abandono. Y un país, otra vez, mira por la rendija de una puerta judicial que ya se cerró una vez por el capricho de una cámara.
