La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a prohibir expresamente que la persona titular del Ejecutivo federal y quienes encabecen gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México posean o adquieran una segunda nacionalidad. La propuesta busca proteger la soberanía nacional y priorizar los intereses de la Patria frente a posibles presiones internacionales.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la legislación vigente mantenía un vacío en este ámbito, por lo que la iniciativa será turnada de forma inmediata al Congreso de la Unión.
Puntos clave de la propuesta de reforma
La iniciativa contempla modificaciones sustanciales a la Carta Magna para establecer candados sobre la nacionalidad y el ejercicio de derechos en el extranjero para las y los titulares del Poder Ejecutivo:
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Renuncia formal: Quienes aspiren a la Presidencia de la República deberán renunciar a cualquier otra ciudadanía previo a solicitar su registro formal como candidatas o candidatos.
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Residencia y origen: Se mantendrá la exigencia de ser mexicana o mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, y contar con una residencia mínima de 20 años en el país.
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Restricciones de soberanía: Quien ocupe la titularidad del Ejecutivo no podrá utilizar pasaportes o documentos de identidad emitidos por otros Estados, ni ejercer derechos políticos en el extranjero ni acogerse a la protección diplomática de otro gobierno.
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Alcance a gubernaturas: A través de ajustes a los artículos 116 y 122 constitucionales, estas mismas restricciones se aplicarán a los titulares de los Ejecutivos estatales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Mecanismos de aplicación e instrumentos legales
Para hacer operativa la medida, el Ejecutivo federal enviará reformas secundarias a la Ley de Nacionalidad, con el fin de regular el trámite formal de renuncia a otra ciudadanía ante instancias diplomáticas e instituciones nacionales. Asimismo, la inobservancia de estos preceptos será sancionada bajo lo estipulado en el Título Cuarto de la Constitución.
