Mérida, Yucatán, 16 agosto, poder&crítica.- Setenta por ciento de las cárceles municipales de la entidad se encuentran en condiciones infrahumanas: carecen de servicios sanitarios, luz, ventilación, limpieza y planchas de cemento para acostarse, advierte un estudio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
El organismo asegura que observó residuos de excremento en pisos y paredes, rejas oxidadas, orificios en los pisos, fauna nociva y otras condiciones que ponen en riesgo la salud y la seguridad de los detenidos.
El presidente de la Codhey, Enrique Goff Ailloud, informó que en la inspección, realizada en 2015, se detectó también que esas prisiones incumplen las reglas mínimas para el arresto de personas que incurren en faltas administrativas –la mayoría detenidas por alcoholismo y escandalizar en la vía pública–; además, cientos no pueden pagar una fianza de 300 pesos.
Estos detenidos duermen en el piso, compartiendo el espacio con otros presos, sin ventilador y con temperaturas promedio de 38 grados centígrados. Si existen inodoros, nunca se lavan, se encuentran a la vista de todos y carecen de agua potable.
Al dar a conocer el estudio, Goff Ailloud refirió que en gran parte de las cárceles municipales (99 de las 105 que hay en zonas rurales de Yucatán se encuentran en comunidades mayas) los presos defecan y orinan a la vista de los demás; en 70 por ciento no hay inodoros, sólo un agujero en el piso donde se acumulan desechos de todo tipo, desde excreciones hasta alimentos putrefactos. La realidad es que los presos viven un infierno, afirmó.
El informe de la Codhey detalla que sólo 16 por ciento de las 99 cárceles cuentan con instalaciones sanitarias, pero sólo las de tres municipios tienen agua potable. Los casos más representativos son Mérida, Valladolid y Tizimín. En los dos primeros municipios también hay centros de readaptación social; sin embargo, éstos no fueron inspeccionados por la Codhey.
Los municipios con las cárceles en peores condiciones son Ticul, Acanceh, Chemax, Tixméhuac, Izamal, Dzan, Oxkutzcab, Sacalum, Temozón, Teya, Suma de Hidalgo, Chacsinkín y Tzucacab. El personal se negó a hablar con los enviados de la Codhey.
Además, en 66 de estas prisiones los celadores no cumplen con los protocolos obligatorios de registro ni cuidado de pertenencias y violan el derecho de los detenidos a hacer una llamada telefónica.
Los centros de detención deben anotar en un libro foliado los datos generales del detenido (nombre, edad, media filiación, domicilio), así como una lista y descripción de sus pertenencias, qué autoridad lo puso a disposición del centro, hora de ingreso y salida del detenido, sanción fundada y motivada, y si existe queja en su contra, entre otros.
En cuanto al resguardo de pertenencias, se verificó que sólo 3 por ciento de las cárceles municipales expide recibos para garantizar la devolución de los bienes al momento al salir. Lios de Mérida, Valladolid, Progreso y Motul sí entregan recibos.
También se detectó que apenas hay seguridad en los espacios destinados al resguardo de pertenencias. En la mayoría se depositan en cajones o archiveros y no hay responsables de su resguardo y entrega.
Por ley, todo detenido tiene derecho a visitas y llamadas telefónicas. Aunque en casi todas las comandancias ambos derechos se cumplen, la Codhey indicó que sólo 9 por ciento llevan registro de ambas actividades, y en 53 por ciento de los casos las llamadas se realizan desde teléfonos celulares de los policías o de los propios detenidos.
A pesar de que la Codhey ya emitió una recomendación a los 106 municipios del estado en 2014, en la cual advirtió que las autoridades deben proteger las garantías de las personas detenidas o bajo custodia, a principios de 2017 se reportaron tres muertes en estos centros de reclusión.
En enero, Francisco C. C., de 49 años, fue detenido y remitido a la cárcel por la policía municipal de Tizimín –en el oriente del estado– porque dormía en estado ebriedad en una calle de la colonia Fernando Novelo. Al día siguiente se le encontró muerto. Los familiares de la víctima se sorprendieron y aseguraron que no estaba enfermo. Personal del Servicio Médico Forense determinó que la causa de la muerte fue un infarto.
En la prisión de Umán, Carlos Arturo U. T., de 27 años de edad, se ahorcó con el elástico de un pantalón. En la de Dzidzantún, José Gabino C. N., de 28 años, fue encontrado desnudo y colgado de los barrotes con un cordón de zapatos de los que usan los policías municipales. Las autoridades dijeron que se suicidó.
