Campeche podría convertirse en el primer estado del país en contar con una ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas alineada plenamente con estándares internacionales, luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la iniciativa impulsada por el Congreso local.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) destacó que el proyecto de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas presentado en el Congreso de Campeche incorpora los principios del Mecanismo Internacional de Protección y recomendaciones de la Relatoría Especial de la ONU.
“Celebramos que el estado de Campeche haya tomado como base los estándares internacionales más avanzados en materia de protección. De aprobarse, sería un modelo para otras entidades”, señaló el organismo en un comunicado difundido este viernes.
La iniciativa, promovida por la diputada de Morena, María del Carmen Torres, propone la creación de un Instituto Estatal de Protección con autonomía técnica, un fondo de 15 millones de pesos para medidas urgentes como botones de pánico, escoltas, reubicación temporal y asesoría jurídica, así como protocolos de evaluación de riesgo en menos de 12 horas.
A diferencia de otras legislaciones locales, el proyecto contempla la protección a familiares y colaboradores, reconoce la labor de defensores comunitarios, indígenas y ambientales, y establece sanciones para funcionarios que obstaculicen o nieguen medidas de protección.
De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, Campeche ha registrado 23 agresiones contra periodistas entre 2020 y 2025, principalmente por coberturas de despojo de tierras, proyectos agroindustriales y corrupción municipal, sin que exista hasta ahora un mecanismo local de protección.
Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH en México, quien participó en la mesa de análisis en el Congreso campechano, advirtió que la iniciativa llega en un momento clave ante el incremento de riesgos para defensores de la tierra y el territorio en la Península de Yucatán.
“Lo que vemos en Campeche es un intento serio por pasar de la reacción a la prevención, con enfoque de género y pertinencia cultural maya”, indicó.
El dictamen será sometido a votación en el Pleno la próxima semana. De aprobarse, Campeche se adelantaría incluso a la reforma federal del Mecanismo de Protección que sigue estancada en el Senado desde 2023.
Colectivos de periodistas y defensores locales pidieron que la ley no quede en letra muerta y exigieron garantizar su presupuesto y la participación de la sociedad civil en la junta de gobierno del nuevo instituto.
