PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | En el escenario político de Tabasco, Daniel Casasús Ruz no es ajeno a los señalamientos de corrupción, ha pasado de ser un operador clave en la administración estatal a una figura central en las disputas internas de Morena de cara a las elecciones de 2027. Su paso por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) lo ha colocado en el centro de señalamientos y denuncias legislativas que cuestionan la transparencia en la asignación de recursos públicos a través de facturares y de la cúpula criminal de «La Barredora» que hoy se dice son sus patrocinadoras en la campaña municipal, por eso su nombre, a fuerza de billetazos y compra de espacios publicitarios, aparece en las mediciones de preferencia electoral para la alcaldía del municipio de Centro, el corazón administrativo y económico del estado
Las principales acusaciones que pesan sobre su gestión, y en su aspiración municipal provienen de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Según esa organización, en diciembre de 2024, durante la titularidad de Casasús Ruz en la SOTOP, se adjudicó un paquete de contratos por 11 millones 914 mil pesos a tres empresas para la construcción de aulas escolares en los municipios de Centro y Comalcalco.
Dos de ellas, Construagregados Hopelchén y Comercio y Construcción de Tabasco, aparecen catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria como simuladoras de operaciones o factureras. La tercera, Coincisur, S.A. de C.V., no figura con el mismo estatus ante el fisco, pero comparte socios, apoderados legales y domicilios con al menos cinco compañías adicionales que periodistas han ubicado dentro de una misma red corporativa.
Los vínculos que MCCI documenta no se detienen en el estatus fiscal. El apoderado legal de Construagregados Hopelchén resultó ser un empleado de la familia de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco procesado y recluido en el penal del Altiplano bajo la acusación de liderar la organización criminal conocida como “La Barredora”.
Comercio y Construcción de Tabasco, por su parte, declaró como domicilio fiscal un inmueble propiedad de esa misma familia. En el momento en que se firmaron los contratos, Pablo Jiménez Ponz, yerno de Bermúdez Requena, ocupaba un cargo subordinado directo dentro de la estructura de la SOTOP.
Entre Casasús Ruz y Bermúdez, se gestó un entramado institucional y contractual que colocó a empresas ligadas al entorno familiar del exfuncionario como beneficiarias de recursos públicos destinados a infraestructura educativa.
Un segundo frente de acusaciones proviene del diputado federal de Movimiento Ciudadano Erubiel Alonso Que. El legislador ha sostenido públicamente que, bajo la gestión de Casasús Ruz, el 98 por ciento de la obra pública se entregó mediante adjudicaciones directas o licitaciones direccionadas a un círculo reducido de amigos y allegados.
Según su denuncia, ese esquema habría desplazado de manera sistemática a empresas locales tabasqueñas de los procesos competitivos, concentrando los contratos en un grupo reducido de proveedores cercanos al titular de la dependencia. Alonso Que ha presentado estas afirmaciones como evidencia de un monopolio de facto sobre los recursos de infraestructura, aunque hasta el momento no se ha conocido una resolución judicial que determine la ilegalidad de los procedimientos.
A esas dos líneas de señalamiento se suma una tercera, de carácter más amplio y mediático. Reportajes periodísticos han ubicado a Casasús Ruz como un operador central en Tabasco de la red de tráfico de influencias asociadas a empresarios como Amílcar Olán.
Los textos que circulan lo presentan como un coordinador del direccionamiento de contratos públicos hacia ese círculo, aunque las evidencias publicadas hasta ahora se centran más en la coincidencia de nombres y en la proximidad política que en documentos judiciales que acrediten una participación directa en redes de tráfico de influencias.
Durante su gestión, la SOTOP manejó presupuestos anuales que oscilaron entre los 2 mil 100 y los 2 mil 600 millones de pesos. Para el ejercicio 2025, Casasús Ruz proyectó 2 mil 465 millones de pesos, de los cuales 530 millones se destinaron a carreteras, 500 millones a obras públicas generales, 478 millones a urbanización, 400 millones a infraestructura educativa y 377 millones al sector de bienestar social.
En el rubro educativo se destinó una bolsa específica de 442 millones de pesos para la dignificación de planteles, construcción de techumbres y nuevas aulas; solo en el municipio de Centro se concentraron 130 millones. Se pusieron en marcha 44 proyectos de infraestructura escolar y se adquirieron transformadores eléctricos para enfrentar las fallas recurrentes de suministro.
En el área vial, a través de la Junta Estatal de Caminos, se consolidaron 727 millones de pesos en 32 acciones de rehabilitación que incluyeron reparación de terracerías, tendido de pavimentos asfálticos, bacheo profundo y señalización.
En informes parciales de su gestión se reportó la ejecución de más de mil 500 obras por un monto superior a los 2 mil 134 millones de pesos.
Casasús Ruz ha rechazado de manera categórica todas las acusaciones. Las ha calificado de “tendenciosas” y ha afirmado que forman parte de una campaña mediática destinada a menoscabar los proyectos estratégicos del gobierno de Tabasco.
Ha sostenido que los recursos de la SOTOP se ejercieron bajo estricto apego a la legalidad y que las obras señaladas han pasado de forma satisfactoria por las auditorías de los órganos de control competentes.
En declaraciones públicas ha insistido en que las críticas no frenarán el trabajo de la dependencia y que las investigaciones periodísticas carecen de sustento suficiente para deslegitimar la gestión.
El peso de estos señalamientos coincide con el momento en que Casasús Ruz se perfila como uno de los aspirantes más competitivos a la candidatura de Morena para la alcaldía de Centro en 2027. Un estudio de Erisan Consultores lo coloca al frente de las preferencias ciudadanas generales con 27 por ciento de la intención de voto, dos puntos por encima de su rival más cercano.
Otras mediciones previas muestran un crecimiento sostenido en su nivel de conocimiento entre la población. Análisis de portales especializados lo identifican con un respaldo importante de sectores de la dirigencia nacional de Morena, lo que le otorga una percepción de solidez en las negociaciones internas.
Su principal obstáculo dentro de las filas morenistas es el diputado local Jorge Orlando Bracamonte Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. En encuestas enfocadas en la militancia, como las de CE Research, Bracamonte ha llegado a liderar las simpatías con ventajas de doble dígito.
Esa diferencia genera un debate interno sobre el peso que deben tener las mediciones entre la base partidista frente a los acuerdos de unidad y las preferencias de las cúpulas. Los señalamientos de corrupción, aunque minimizados por el propio Casasús Ruz, constituyen un flanco de ataque permanente para la oposición y podrían influir en el electorado indeciso, especialmente si se intensifican durante el proceso de selección de candidatos.
La definición oficial de la candidatura pasará por los mecanismos de encuesta institucionales de Morena y por los acuerdos de paridad y unidad de la coalición oficialista. Mientras tanto, el nombre de Daniel Casasús Ruz permanece en el centro de de la vox populi: primero la de un funcionario que administró miles de millones de pesos en obra pública y la de un aspirante que busca capitalizar su cercanía con la estructura nacional del partido para conquistar la alcaldía más importante de Tabasco.
Las acusaciones de contratos a empresas factureras, la concentración de obra en adjudicaciones directas y los vínculos documentados con el entorno de Hernán Bermúdez Requena continúan circulando como elementos de cuestionamiento, al tiempo que el político insiste en la legalidad de su gestión y en la validez de las auditorías realizadas. El desenlace de ambas historias, la judicial y periodística, por un lado, y la electoral, por el otro, se escribirá en los próximos meses.
El pueblo tabasqueño dice que no es posible una campaña millonaria como la que encabeza Casasús sin haberle hincado el diente a los cerca de tres milllones que pasaron por sus manos, muncho menos los dinero manchados de sangre que recibe de quienes crecieron a la diestra de «La Barredora», como el rpopio yerno de Bermúdez Requena quien entregaba y supervisaba la entrega de millonarias obras, que al final, los contreatistas también pagaban ‘derecho de piso’ a la organización criminal y a los operadores de Daniel Casasún que ahora quiere asaltar el Ayuntamiento de Centro.
