PODER & CRÍTICA | REDACCIÓN | La Fiscalía General de la República (FGR) no se da por vencida en su batalla judicial contra el exgobernador Roberto Borge Angulo. Tras la resolución emitida el pasado 28 de mayo que lo absolvió del delito de delincuencia organizada, la Fiscalía ha presentado formalmente una apelación ante el Tribunal Colegiado de Apelación de Xochitepec, Morelos, buscando revertir la decisión que favoreció al exmandatario.
El caso: La disputa por el patrimonio estatal
La controversia legal gira en torno a la supuesta creación de una red criminal, liderada por Borge Angulo, para el desvío de recursos públicos mediante el remate irregular de 22 predios propiedad del Estado.
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El daño al erario: Según la FGR, esta red de funcionarios y prestanombres habría generado un detrimento al erario público superior a los 900 millones de pesos.
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La postura de la Fiscalía: El órgano ministerial sostiene que existe evidencia clara de una estructura organizada para enajenar terrenos de alta plusvalía a particulares, utilizando empresas fachada para lavar el dinero obtenido.
Aunque en 2025 este mismo Tribunal de Apelación validó la imputación de la FGR, en el juicio de mayo pasado, el juez de control determinó que los elementos presentados no fueron suficientes para sostener la acusación de delincuencia organizada, dictando la absolución.
Borge, en prisión domiciliaria
Mientras el proceso de apelación sigue su curso —el cual podría prolongarse durante varios meses—, la situación jurídica del exgobernador ha dado un giro en sus condiciones de reclusión. Entre el 26 y 27 de junio, Borge Angulo abandonó el penal de Ayala, Morelos, para trasladarse a un domicilio en la Ciudad de México, beneficiado por una medida de prisión domiciliaria derivada de otro proceso pendiente por lavado de dinero que se ventila en el Estado de México.
¿Qué sigue?
La apelación radicada bajo el expediente 132/2026 busca ahora que una instancia superior revise el criterio del juez de Xochitepec.
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Ruta final: En caso de que el Tribunal resuelva en contra de las pretensiones de la FGR, la Fiscalía aún contaría con la posibilidad de interponer un amparo directo.
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Reciprocidad: Del mismo modo, la defensa de Borge Angulo mantiene abierta la opción de recurrir a la misma figura jurídica en caso de que se dicte una sentencia desfavorable para su cliente.
Roberto Borge, quien gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016, permanece en el centro de la lupa pública desde su detención en Panamá en 2017 y su posterior extradición a México en 2018. La FGR apuesta a que, mediante esta apelación, se logre sancionar el presunto esquema de corrupción inmobiliaria que marcó su administración.
