PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Cifras conservadoras, indican que el ‘huachicol fiscal’ le cuesta al erario público casi 200,000 mdp; aparte el contrabando de combustible reduce los ingresos del gobierno tanto por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un flagelo del Crimen Organizado que el gobierno federal está combatiendo con resultados a la vista.
El contrabando de combustibles en México, aunque no es un fenómeno nuevo, ha cobrado especial relevancia en tiempos recientes. El término huachicol ha evolucionado. Antes significaba la perforación de ductos y bidones escondidos en camionetas y ventas a pie de carretera. Pero hoy el término tiene más acepciones. La nueva versión de este delito es el huachicol fiscal, una actualización del robo de combustible, que ya no depende de la ordeña de ductos, sino de papeles, facturas y aduanas que envuelven fraude y corrupción.
Según un estudio de la firma de inteligencia de mercado PetroIntelligence, la recaudación potencial perdida por el llamado “huachicol fiscal” ascendió a unos 177,200 millones de pesos (mdp) en 2024. Durante ese periodo, el contrabando representó alrededor del 30 % de todos los combustibles vendidos por estaciones de servicio del país. En cifras, esto significa que se comercializaron de manera irregular 11,400 millones de litros de gasolina Magna, 3,100 millones de litros de Premium y 4,300 millones de litros de diésel.
El contrabando de combustible reduce los ingresos del gobierno tanto por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En un contexto marcado por restricciones presupuestales y la necesidad de realizar ajustes fiscales, dicha pérdida de ingresos representa una oportunidad desperdiciada para fortalecer las finanzas públicas “sin recurrir a la creación de nuevos impuestos”.
Si tomamos en cuenta los promedios del IEPS en 2024 por tipo de combustible —6.53 pesos para la Magna, 6.04 para la Premium y 7.23 para el diésel—, las pérdidas en recaudación por este concepto sumaron 74,500; 18,700 millones; y 31,000 millones de pesos, respectivamente.
A esto se suma el IVA, ya que con precios promedio por litro de 2.73 pesos para la Magna, 3.06 para la Premium y 2.88 para el diésel, las pérdidas ascendieron a 31,100, 9,500 y 12,400 mdp, en ese orden.
En total, la suma de ambos impuestos da como resultado un golpe fiscal de 105,600 millones de pesos por gasolina Magna, 28,200 millones por Premium, y 43,400 millones por diésel. En resumen: 124,200 millones de pesos perdidos por IEPS y 53,000 millones por IVA, lo que sumado lleva a la cifra inicial de 177,200 millones.
Los datos revelados hasta el momento, indican que en 2024 la recaudación del IEPS por gasolinas y diésel ascendió a 403,584 millones de pesos, lo que representa un promedio mensual de 33,632 millones de pesos. En contraste, durante el primer trimestre de este año, la recaudación del impuesto alcanzó 154,167 millones de pesos, con un promedio mensual de 51,389 mdp.
Según el estudio de PetroIntelligence, basado en cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), si la recaudación potencial del huachicol fiscal se utilizara para disminuir el costo de los combustibles, se tendría una reducción de hasta 2.83 pesos por litro.
La coordinación entre instituciones es el primer paso en la lucha contra el contrabando de combustibles. Señala que esta problemática ha crecido debido a una coordinación deficiente, la falta de monitoreo y la presencia de corrupción dentro de las propias instituciones.
También se ha observado una creciente coordinación con Estados Unidos, donde se revisa el tema del contrabando desde su lado de la frontera, y en México, la Secretaría de Hacienda ha empezado a pronunciarse al respecto, algo que no ocurría hasta hace poco.
El reciente arresto de 14 personas, incluidos seis integrantes de la Marina, por pertenecer a una red de contrabando de combustible, puso de nuevo en el centro de la diana a estos dos términos que han evolucionado de la mano del crimen organizado: el huachicol y el huachicol fiscal. El foco de atención fue mayor al saberse que esta red es supuestamente liderada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar político de José Rafael Ojeda Duran, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Originalmente, la palabra huachicolero describía a quienes adulteraban bebidas alcohólicas. Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando comenzó a aplicarse para describir el robo de combustible, cuando comunidades en estados como Puebla, Veracruz e Hidalgo empezaron a perforar ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La práctica se expandió rápidamente. De acuerdo con datos oficiales de Pemex, en el año 2000 se detectaron alrededor de 180 tomas ilegales. Para 2010, la cifra superaba las 700. Fue entonces cuando redes criminales tomaron el control de esta actividad como una fuente de ingresos. De diciembre de 2018 a febrero de 2025, Pemex detectó 81.352 tomas clandestinas en todo el país.
A diferencia del huachicol tradicional, que es el robo físico de combustibles directamente de los ductos, el huachicol fiscal utiliza métodos más sofisticados que implican fraudes fiscales y corrupción. También conocido como huachicol hacendario, se basa en introducir gasolina o diésel al país registrándolos como lubricantes, alcoholes o aditivos, lo que los exenta de pagar impuestos y aranceles, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Para combatir esta amenaza a la seguridad nacional, el desafío, es reforzar la legislación aduanera, establecer más restricciones y vigilancia en las aduanas, los agentes aduanales e instituciones clave como la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional.
