PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Como lo anunció en exclusiva Poder y Crítica, Rodrigo Alcázar Urrutia fue despedido por corrupto del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) y el Gobierno del Estado, como lo anunciamos, confirmó que el nuevo titular será Rafael Hernández Kotasek quien fuera director general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial y que aún despacha como titular de la Agencia de Transporte de Yucatán, torvo personaje precedido por severos señalamientos de corrupción.
«En cumplimiento con el compromiso de consolidar la transformación en el Estado y fortalecer la movilidad como eje estratégico de desarrollo, el Gobierno de Quintana Roo anuncia la designación de Rafael Hernández Kotasek como nuevo titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO)», dijo el gobierno morenista a través de un comunicado 12 horas después de que Poder y Crítica lo anunciara.
«Rafael Hernández Kotasek es economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con maestrías en Economía y Desarrollo, así como en Economía Política. Su trayectoria en la administración pública incluye puestos estratégicos como Secretario Técnico de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán, Subsecretario de Desarrollo Social en Nuevo León, y Coordinador Nacional de Estados y Municipios en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).
En el ámbito de la movilidad, Hernández Kotasek se ha desempeñado como director general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial y, más recientemente, como titular de la Agencia de Transporte de Yucatán», ponderó el Gobierno de su nuevo funcionario.
«El Gobierno de Quintana Roo agradece la labor de Rodrigo Alcázar Urrutia, quien durante dos años estuvo al frente del Instituto», fueron las palabras oficiales para un hombre al servicio del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que vendía hasta los clips del instituto.
Alcázar Urrutia dejó graves conflictos en el tema del transporte en el estado; por un lado el caso de la operación de las plataformas digitales como Uber y por otro lado la regulación de moto taxis, ambos para dar servicio a los ciudadanos y que se enfrentan a un aparato ya existente de transporte público ineficiente.
Si Cancún es un destino turístico de nivel mundial, a éste debería corresponder un transporte seguro, eficaz, cómodo, bien regulado, pero por la inoperancia de las autoridades responsables, bajo el argumento que no hay marco legal, falta de regulación legal o dictado judicial o de la magistratura, esto nunca se ha logrado.
En el caso de la regulación de la operación de moto taxis el problema fue creciendo por un rezago importante del servicio de transporte, que por muchos años nadie se atrevió a legislar; si bien la XVII Legislatura del estado aprobó reformas a la Ley de Movilidad mediante las cuales se regulará el servicio de transporte de mototaxis y se reconocerán a estos como permisionarios, el otorgamiento de los permisos para la prestación del servicio de transporte de pasajeros estará sujeto a una declaratoria de necesidad expedida IMOVEQROO y ahí radicó un foco de tráfico de influencias y corrupción por parte de Rodrigo Alcázar
Alcázar conoce bien el problema del transporte y se aprovechó ante la ausencia de una Ley de Movilidad específica para cada caso pues se desempeñó como Director de Tránsito y Director General de Transporte y Vialidad en el municipio de Benito Juárez, por lo que se esperaba más de su desempeño pero sucumbió ante le dinero fácil como todos los integrantes de la «Mafia Verde».
En el tema de moto taxis, el problema ya rebasó a las autoridades que entran en contradicciones o en declaraciones vagas; mientras Alcázar Urrutia dice que pugna por un transporte seguro y eficaz, al mismo tiempo “infla” el padrón que se pretende regular.
El problema creció por la ambición de los dirigentes de los doce sindicatos de mototaxis que operan en Quintana Roo para aparecer en la lista y luego en el padrón y tener un permiso de moto taxi, mediante mordidas a la autoridad, lo que terminó inundando las calles de un transporte inseguro e ineficaz.
Integrantes de algunos sindicatos de este servicio denunciaron que Alcázar pues desde que se anunció por parte del Imoveqroo y el Congreso Quintana Roo el análisis de las modificaciones a la legislación vigente para regularizar esta modalidad de transporte, se aprovechó para especular con el tema, solicitando pagos desde 30 mil hasta 40 mil pesos por concepto de “membresía” por cada vehículo, y garantizar una concesión ante el Instituto de Movilidad del Estado con quienes llegaron a un acuerdo
Según información de este Instituto de Movilidad, en Cancún se estima que hay alrededor dos mil 500 unidades de mototaxis, el mismo número en Playa del Carmen, 500 en José María Morelos, y en otros municipios hay más unidades que a nivel estatal suman cerca de ocho mil, pero no existe un padrón oficial de este transporte.
En el tema de las plataformas digitales de transporte en la entidad, (IMOVEQROO) autorizó a Didi, InDrive, Muévete y Ola taxi, esta última, pertenece al sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” y la plataforma Uber continúa en litigio.
“Yo no persigo delitos, eso lo persigue la Fiscalía”, decía Rodrigo Alcázar cuando se le cuestionaba sobre los enfrentamientos entre conductores de Uber y taxistas, pero tras bambalinas apoyaba e impulsaba a Uber donde se denunció tenía más de 20 unidades trabajando las 24 horas del día en la ciudad de Cancún.
Lo que ha trascendido es que a Rodrígo Alcázar se le detectaron depósitos en cuentas personales y de familiares cercanos que no corresponden con sus ingresos, además de la compra de propiedades en Cancun Playa del Carmen y Tulum.
La corrupción de Rodrigo Alcázar era pública, en dos años traficó para la «Mafia Verde», es el primer kiwi que cae en esta administración. Desde Morena nacional se está exigiendo frenar al Verde en Quintana Roo. La corrupción verde salpica los valores de la Cuarta Transformación: NO mentir, NO robar y NO traicionar al pueblo…
