PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Uno de los ejemplos de la gran podredumbre del gobierno actual es José Alberto Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), donde se esta cometiendo un brutal tráfico y legalización de terrenos en todo el estado, principalmente en la Riviera Maya dentro de las reservas propiedad del estado, una herencia borgista que estuvo investigado por corrupción en los últimos 24 años.
En las costas de Quintana Roo, donde el Caribe se encuentra con una de las fronteras más codiciadas del desarrollo inmobiliario mexicano, la tierra no es solo un recurso: es el corazón de un poder que se ha transmitido, reciclado y disputado a lo largo de décadas y que en esta administración afloró con mayor intensidad.
Desde enero de 2025, cuando Alonso Ovando relevó a Armando Lara De Nigris, su nombre aparece en el centro de las discusiones sobre regularización de predios, asentamientos irregulares y la lucha contra lo que él mismo describe como “mafias agrarias”. Pero su trayectoria, que atraviesa cuatro administraciones estatales distintas, arrastra un historial de señalamientos que, aunque nunca se tradujeron en condenas penales firmes de conocimiento público, han marcado su paso por la función pública con la sombra persistente de la sospecha de la corrupción, el cochupo, el embute, el moche, la comisión y el amasamiento de una inmensa fortuna salpicada con el tufo borgista que ya no se puede ocultar.
Nacido en Chetumal, contador público egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, con maestrías en gestión de proyectos y finanzas corporativas, Alonso Ovando construyó una carrera técnica que lo llevó, bajo el gobierno de Félix González Canto (2005-2011), a la titularidad de la entonces Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER). En aquella época, cuando el estado aún consolidaba su modelo turístico y enfrentaba los primeros grandes cuestionamientos sobre el manejo de la deuda pública y la opacidad en la asignación de obras, su gestión quedó envuelta en las críticas generales que oposición y organizaciones civiles dirigían a toda la administración. No hubo, según los registros disponibles, acusaciones penales exclusivas en su contra por ese periodo. Sin embargo, el patrón de irregularidades que más tarde se le atribuirían comenzó a gestarse en el entramado de dependencias que manejaban infraestructura, agua y territorio.
Fue con Roberto Borge Angulo (2011-2016) cuando Alonso Ovando alcanzó posiciones de mayor relevancia y, simultáneamente, de mayor exposición a las denuncias. Primero como director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y luego, a partir de inicios de 2014, como secretario de Educación y Cultura (SEyC), en sustitución de Sara Latife Ruiz Chávez.
La CAPA, organismo encargado de la red hidráulica y de saneamiento en un estado donde el agua es tan vital como el turismo, se convirtió en escenario de señalamientos por opacidad financiera y uso político del presupuesto. Organizaciones como “Somos Tus Ojos” lo señalaron por esquemas de nóminas infladas, asignación irregular de obras y presuntos cobros a contratistas. Aunque los procesos penales más sonados sobre desvíos millonarios en la concesión de Aguakan recayeron sobre su sucesora, Paula González Cetina —sentenciada años después—, Alonso Ovando fue vinculado en las indagatorias generalizadas que, tras el cambio de gobierno en 2016, abrió la Fiscalía del Estado contra al menos 17 altos funcionarios del “borgismo”. En los pasillos se comentaba que al menos recibió 50 millones de pesos en efectivo para diseminar entre diputados y funcionarios que sirvieron a los intereses se Roberto Borge y de Aguakan.
En la SEyC los señalamientos se volvieron más específicos y dolorosos. Al concluir el sexenio de Borge, las auditorías de la nueva administración y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron observaciones millonarias en programas federales como el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y Escuelas de Tiempo Completo. Se le acusó de haber retenido cuotas sindicales y pagos al FOVISSSTE que se descontaban de la nómina de los maestros, lo que provocó que miles de docentes fueran enviados al Buró de Crédito y perdieran acceso a créditos de vivienda.
También se señalaron pagos a personal no justificado, “aviadores” y desvíos en fondos federales. Medios locales y reportes posteriores hablaron de montos que superaban los 140 millones de pesos en observaciones, e incluso cifras más altas atribuidas a su paso por educación. Alonso Ovando alegó en su momento que se trataba de discrepancias administrativas pendientes de solventar. Nunca se le acreditó responsabilidad penal de forma pública y definitiva, pero el daño reputacional quedó expuesto que era un traficante de influencias y experto en succionnar presupuestos; ahí, en esas dependencias perfecciono su poder corruptor.
En abril de 2017, un juez de lo penal en Quintana Roo libró una orden de aprehensión en su contra por presunto desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Alonso Ovando promovió juicios de amparo ante la justicia federal, entre ellos el amparo 242/2017 y logró evadir la detención. Paralelamente, investigaciones periodísticas revelaron que el funcionario figuraba como propietario de al menos once inmuebles de alto valor en zonas exclusivas: tres en Chetumal, tres en Tulum, tres en Cancún y dos en Holbox.
Uno de los casos más llamativos fue un predio de más de tres mil metros cuadrados en la carretera Mahahual-Xcalak, transmitido a su nombre en junio de 2016 por un valor de operación de cero pesos, según datos del Registro Público de la Propiedad. Otras propiedades adquiridas entre 2012 y 2014, cuando ocupaba cargos en CAPA y SEyC, sumaban valores estimados de varios millones de pesos. La Fiscalía investigó el posible enriquecimiento ilícito, pero, de acuerdo con reportes posteriores, no se le acreditó responsabilidad alguna de manera pública.
Después del cambio de gobierno, Alonso Ovando permaneció en la órbita del poder. Fue diputado local en la XIII Legislatura, secretario general del PRI en el estado y, en 2021, candidato a diputado federal por el Distrito 02 con cabecera en Chetumal bajo la alianza “Va por México”. En ese proceso enfrentó una sanción por violencia política en razón de género. La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, junto con la entonces dirigente estatal del PRI, había incurrido en violencia política contra la diputada local Judith Rodríguez Villanueva tras su renuncia al partido. Se le impuso una multa y se le ordenó una disculpa pública, que finalmente ofreció. Perdió la elección.
En enero de 2022, el gobernador Carlos Joaquín González lo nombró director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado (AGEPRO), el organismo que concentra el patrimonio inmobiliario estatal y las facultades heredadas de los polémicos IPAE e INFOVIR. Desde allí, Alonso Ovando se convirtió en lo que medios locales llamaron el “Zar de la Tierra”. Su gestión coincidió con una explosión de conflictos por predios en Tulum, Mahahual y la zona norte.
Activistas y abogados lo acusaron de ventas irregulares, entre ellas la transferencia de un valioso predio en Tulum a una empresa que calificaron de “fantasma”. Ejidatarios del sur del estado lo denunciaron públicamente ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos actos de corrupción en la titulación de tierras de alta plusvalía. Medios como el Periódico Sol Quintana Roo publicaron reportajes sobre contratos millonarios adjudicados a la empresa Lamutech S. de R.L. de C.V. —por más de 4.6 millones de pesos en papelería y material de limpieza sin desglose detallado de productos— y lo acusaron de formar parte de un “cártel del despojo”.
Alonso Ovando respondió que su labor consistía en “poner orden” en una agencia heredera de rezagos históricos e invasiones. Dijo haber interpuesto más de 280 denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra líderes que promovían invasiones ilegales y haber detectado cerca de un centenar de títulos de propiedad apócrifos con firmas clonadas de exgobernadores, según sus declaraciones, apuntaban incluso a familiares de políticos de alto nivel. En Mahahual y Tulum, impulsó inspecciones físicas, topografías y procesos de regularización de asentamientos irregulares, argumentando que el problema central de Quintana Roo era la falta de certidumbre jurídica de la tierra.
En enero de 2025, bajo la actual administración, pasó de AGEPRO a la titularidad de SEDETUS. En su nuevo cargo las controversias giran en torno a la parálisis administrativa en zonas de alta plusvalía como Costa Mujeres, donde propietarios e inversionistas se quejan de bloqueos derivados de “avisos preventivos” para investigar dobles ventas o escrituras falsas.
La dependencia ha boletinado más de 130 desarrollos irregulares y clausurado comercializadoras que vendían terrenos sin permisos ni servicios. Oficialmente se reconoce la existencia de al menos 400 asentamientos irregulares en el estado. Alonso Ovando se presenta como un fiscalizador que busca proteger a compradores legítimos, incluidos extranjeros de mafias y proyectos fraudulentos, mientras avanza programas de regularización y vivienda del bienestar en coordinación con el gobierno federal, su nombre es constantemente mencionado como el ‘regularizador’ de todo lo ilegal de este gobierno.
La historia de José Alberto Alonso Ovando es, en muchos sentidos, la historia de Quintana Roo mismo: un estado donde el auge turístico ha generado una fortuna inmobiliaria descomunal y, con ella, una red de intereses que se reciclan de una administración a otra. Los señalamientos en su contra: desvíos, enriquecimiento, contratos opacos, violencia política han sido documentados por auditorías, medios y organizaciones civiles.
Ninguno ha culminado, al menos públicamente, en una sentencia condenatoria. Él ha logrado, una y otra vez, mantenerse en el poder a través de amparos, cambios de gobierno y una capacidad de adaptación que le ha permitido pasar del priismo clásico a las nuevas configuraciones de la política local.
Mientras tanto, en las playas de Tulum, en los ejidos de Mahahual y en las colonias irregulares de Cancún, miles de familias siguen esperando la certidumbre jurídica de la tierra que, durante décadas, ha sido el verdadero botín del estado y que en esta administración los que deciden, los que escrituran, los que trafican, los que venden, los que invaden, se cuentan con los dedos de una mano y José Alberto Alonso Ovando es el ‘legalizador’ de las ‘mafias agrarias’ porque ahora solo hay una mafia: la del poder humanista.
