PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | ¡El ‘honesto’ hablando de corrupción! Gerardo Gaudiano Rovirosa, el opositor que acusó a Claudia Sheinbaum de regalar calificaciones, arrastra décadas de señalamientos por lavado de dinero, contratos amañados y faltantes millonarios que él atribuye a “persecución política”; quien se adueñó del Partido Movimiento Ciudadano, añadió denuncias sobre el supuesto uso indebido de personal, unidades de transporte y recursos públicos durante la visita de la mandataria y ‘su partido’, dijo, recopiló una decena de registros en audio y video, incluyendo el uso de espacios como el estadio olímpico, para entregarlos al Instituto Nacional Electoral (INE) y solicitar una inspección sobre la imparcialidad del proceso, lo que le costó una ‘arrastrada’ en redes sociales que fueron implacables con su pasado corrupto.
El gesto del pueblo capitalino a favor de la Presidenta tiene un trasfondo. El mismo político que hoy exige limpiezas y transparencia ha sido durante años el centro de investigaciones federales, observaciones de fiscalización estatal y señalamientos de licitaciones simuladas. Gaudiano sostiene de forma recurrente que se trata de persecuciones políticas por su rol opositor. Los expedientes, sin embargo, dibujan un mapa de empresas familiares, movimientos bancarios y faltantes que superan los 160 millones de pesos.
En diciembre de 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), citó a declarar a Gerardo Gaudiano Rovirosa en calidad de indiciado. Se le investigaba por presunto lavado de dinero vinculado a la red de complicidades y prestanombres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, el llamado “Grupo Cancún”.La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-TAB/001096/2017 apuntaba al lavado de cuando menos 174 millones de pesos pagados durante la administración de Borge a empresas relacionadas con el político tabasqueño, las mismas empresas que hoy hacen la chamba de lavar dinero a la presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), Ana Patricia Peralta de la Peña.
Entre los puntos que debía responder figuraban transferencias a su cuenta bancaria personal por 9 millones 942 mil pesos solo entre febrero y marzo de 2016. Gaudiano es fundador de la empresa Lerowa, junto con su hermano Cristóbal Gaudiano Rovirosa (también requerido por la SEIDO ese mismo día). Con Cristóbal y Raúl Gilberto Ramos Espinosa constituyeron Grupo Desarrollador Rumega, cuyas acciones fueron luego endosadas a Karla Montero Torales y Genoveva Xalate Canela.
Según informes de contrataciones de Quintana Roo, entre el 2 de abril de 2011 y el 30 de julio de 2012 se adjudicaron a Rumega contratos por al menos 140 millones 866 mil 404 pesos. Uno de ellos, en 2011, por 37 millones 810 mil 137 pesos para modernizar y ampliar un subtramo del camino rural Escárcega-Chetumal. En 2012 recibió adjudicaciones para la construcción del Hospital de Nicolás Bravo (municipio de Othón P. Blanco): 6 millones 383 mil 860 pesos y 5 millones 614 mil 760 pesos en dos etapas. Cristóbal Gaudiano, y Primavera figura además como socio de Comercializadora Edme, que durante el gobierno de Borge se convirtió en principal proveedora de material y servicios del sector privado inmobiliario y hotelero.
Otras empresas investigadas por contrataciones con la administración borgista incluyen ITECA (10 millones 182 mil 251 pesos) y Bogasur (24 millones 414 mil 212 pesos). Personajes vinculados en las indagatorias: Edgar Manuel Méndez Montoya, señalado como supuesto operador financiero de Borge y Francisco Ruiz Anitúa, amigo del exgobernador y arrendador de aeronaves.
Durante su administración como alcalde de Villahermosa (municipio de Centro), se documentaron señalamientos por presuntas licitaciones amañadas. Uno de los casos más controvertidos fue el contrato de más de 7 millones de pesos para la modernización del alumbrado público en la Avenida Universidad. Se le acusó de permitir la simulación de competencia: las tres empresas participantes presuntamente compartían el mismo domicilio fiscal, dueños y personal, sin figurar adecuadamente en el padrón de proveedores.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE, o OSF) detectó un presunto faltante de más de 161 millones de pesos sin solventar correspondientes a los tres años de gestión de Gaudiano al frente del municipio de Centro (1 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2017) y el periodo interino de Casilda Ruiz Agustín del 1 de enero al 4 de octubre de 2018.
El diputado del PRI Nicolás Bellizia Aboaf en ese entonces detalló en sesión legislativa: 2016 tuvo observaciones por 63 millones de pesos; sin solventar 44 millones 966 mil en 2017 irregularidades por 5 millones 655 mil; sin aclarar 4 millones 513 mil y en 2018 el faltante fue de 112 millones de pesos, haciendo un 161 millones 569 mil 991 pesos.
Además, una auditoría especial al Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) registró observaciones por 49 millones 451 mil 812 pesos. Otro señalamiento: irregularidades por la renta de nueve Vactors (equipos de limpieza de drenaje) por casi 50 millones de pesos. Bellizia presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del OSF a agilizar procedimientos y presentar denuncias penales por las irregularidades constitutivas de delito.
El recuento popular sirvió para dibujar un patrón: empresas familiares o cercanas beneficiadas con contratos públicos en Quintana Roo; movimientos millonarios en cuentas personales; observaciones de fiscalización que no se solventan; y licitaciones con competencia aparente en Tabasco.
Gaudiano ha respondido sistemáticamente que se trata de persecución política por su papel opositor en Tabasco, sin embargo las observaciones del OSF, permanecen como un saldo abierto que opositores locales siguen exigiendo convertir en acciones penales.
El contraste es el que marca la crónica política mexicana de estos años: el mismo político que exige a la presidenta no “regalar el 10” y denuncia el uso de recursos públicos en visitas oficiales es el que aparece, una y otra vez, en los expedientes de contratos, transferencias y faltantes. Y ya anda en campaña para ser Diputado Federal nuevamente, obvio, con recursos de los municipios tabaqueros gobernados por Movimiento Ciudadano, pero esa es otra historia.
